El destino de los restos del fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, seguía en suspenso el domingo luego que por la noche un juez declaró inadmisible una demanda para que se entregue su cadáver a una mujer que no es familia directa del fallecido.
La ley peruana no tiene un protocolo para saber cómo proceder en caso de presos controversiales como es el caso de Guzmán, considerado el causante principal del baño de sangre que vivió Perú entre 1980 y 2000 que dejó miles de muertos en su enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
La ley indica que un cadáver debe ser entregado a su familia. El gobierno ha indicado que corresponde decidir a la fiscalía, pero ha sugerido que sea incinerado y sus cenizas arrojadas al mar para evitar un entierro y un culto a la tumba del fallecido. En 2018 las autoridades destruyeron un mausoleo en un cementerio de Lima en el que se había anunciado que Guzmán sería enterrado.
La noche del domingo el magistrado Sergio Núñez declaró inadmisible el hábeas corpus solicitado por Elena Iparraguirre, esposa de Guzmán, quien está presa a perpetuidad en una cárcel de Lima y había designado a Iris Quiñónez, una mujer que no es su familia, para que reclame el cuerpo de su marido. La ley indica que un cadáver sólo se entrega a un familiar directo. La pareja no tiene hijos.
Iparraguirre otorgó “un poder escrito” a Iris Quiñonez. El criminalista Carlos Caro le dijo al diario El Comercio que Quiñónez debía tener de forma adicional una carta poder autenticada por un notario. Si eso no ocurre en 36 horas, corresponderá al Estado decidir qué hacer con el cuerpo, indicó.
La defensa de la esposa de Guzmán argumenta que se le debe entregar el cuerpo a Quiñónez porque Iparraguirre está presa lo que la imposibilita recibir de manera personal el cuerpo de su esposo.
Más temprano la fiscalía indicó en un comunicado que el cadáver de Guzmán, que murió la víspera a los 86 años, será entregado “a familiares directos”.
CREDITOS A DIARIO LIBRE
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