Los cabecillas de la red que se le imputa haber lavado más de 10,000 millones de pesos producto del envío de miles de cargamentos de drogas a diferentes países y que son perseguidos por el Ministerio Público en la Operación Falcón invirtieron esos recursos en una gran variedad de empresas que incluye desde inmobiliarias, estaciones de combustibles, de transporte interurbano de pasajeros hasta una compañía recolectora de desechos, asociaciones de camioneros y de taxis.
Según el expediente acusatorio con el que el Ministerio Público pretende demostrar la culpabilidad de los más de veinte acusados y cuyas principales cabezas, Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, están prófugos, el extenso grupo utilizaba como primeros testaferros a sus parientes más cercanos, hermanos y hasta sus propias madres.
Los fiscales relatan en el documento de más 111 páginas, que el exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, utiliza como “testaferras” a su madre Ramona Castro de Maldonado y a su hermana Yana Iris, esta última detenida también junto al exfuncionario. En la lista de los apresados no figura su progenitora.
En las ganancias generadas alegadamente por el narcotráfico, Erick Randhiel Mosquea Polanco, “las ha introducido tanto en el mercado financiero (las entidades de intermediación financiera, los intermediarios de valores, canje, cambio de divisas y la remesa de divisas) así como en el mercado no financiero (casinos de juego, juego de azar, banca de lotería o apuestas y concesionarios de lotería y juego de azar”, refiere la acusación.
Otra de la estrategia para hacer pasar como licito los recursos obtenidos a través del narcotráfico era la “actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista nominal para otra persona, empresas o personas físicas para la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, vehículo de motor, empresas constructoras)”, en las cuales se incluía a los miembros de la familia.
CREDITOS A DIARIO LIBRE
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