viernes, 23 de abril de 2021


 

SD. El anteproyecto propuesto por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para derogar la ley vigente sobre compras busca que en una nueva legislación se afiance la prohibición de que las instituciones públicas deleguen competencias en terceros para la gestión y ejecución de procedimientos de contratación previstos en la ley.

El artículo 14 del Anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas, presentado por la DGCP el pasado miércoles, indica que “las instituciones contratantes no pueden delegar su competencia para la gestión y ejecución de los procedimientos de contratación previstos en la presente ley, salvo con las excepciones expresamente reglamentadas en la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, con aquellas previstas en acuerdos de préstamos o donaciones y en los casos previstos en la presente ley y su reglamentación complementaria”.

Agrega que “la violación a esta disposición conllevará la nulidad de pleno derecho de las actuaciones por vicio de manifiesta incompetencia”.

La cifra es parte de lo pagado al PNUD por el Minerd a raíz de un convenio firmado el año pasado por US$159,371,694 (o RD$9,304,657,375.19), que incluye la gestión de compra de 800,000 tabletas para la educación a distancia, mediante una licitación hecha por la entidad de las Naciones Unidas bajo sus normas y estándares.

La diligencia se suma a otras que también ha gestionado el PNUD con fondos transferidos de instituciones públicas con las que ha firmado convenios que incluyen procesos de compras y contrataciones.

Cuando el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que el PNUD acompañaría al ministerio que dirige en procesos de compras, al día siguiente, el 20 de agosto de 2020, el titular de la DGCP, Carlos Pimentel, emitió una circular recordándole a las instituciones sujetas a la Ley de Compras y Contrataciones las limitantes legales sobre la delegación de competencias, y pidió consultarle antes de realizar algún acuerdo que implique este paso.

“Esta Dirección General ha identificado que algunas instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones han anunciado públicamente el interés de delegar la gestión de sus procedimientos de contratación pública a terceros. En ese sentido, según el numeral 2 del artículo 25 de la ley, la gestión de la contratación pública es competencia de las unidades operativas de las instituciones contratantes”, sostuvo Pimentel en la circular.

Destacó que la gestión de los procedimientos de contratación pública a terceros no está prevista en la Ley 340-06 y sus modificaciones. Asimismo que, por lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la delegación de competencia es permitida siempre que exista una habilitación previa de la ley, derecho u ordenanza que así lo establezca, lo que no ocurre en el caso de las contrataciones públicas.

En una entrevista que concedió a Diario Libre, Pimentel explicó que “una delegación de funciones tiene varias características: cuando se adquiere bien y servicio al margen de la Ley de Compras y Contrataciones, cuando el sistema que se utiliza es el sistema de contratación y adquisiciones del PNUD y no el de la Ley 340 y del Estado dominicano, cuando la contratación se realiza y está fuera de los canales y los sistemas administrativos del Estado dominicano, cuando quienes compran no es la unidad de compras -que es quien tiene la responsabilidad- y quien compra es el PNUD o un tercero”.

Las observaciones al anteproyecto de ley presentado por la DGCP estarán abiertas hasta el 25 de mayo.

 

 

 

 

CREDITOS A DIARIO LIBRE