Dijo que la turba fue encabezada por Josefa Altagracia Díaz González y Carolina Martín Díaz y se hicieron acompañar de un notario público de nombre Ramon Sena, quienes no tenían autorización ni orden de un juez competente para la acción.
Osterman informó que la violación fue tan drástica que ni siquiera se hicieron acompañar de la Fuerza Pública, que es la autorizada para desalojar.
Agregó que “una asamblea” que ellos expresan tener está en un proceso judicial ante la Primera y Décima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional.
Indicó que también todas estas acciones han sido realizadas en franca violación a la Constitución Dominicana, en su Art. 69, que establece la Tutela Judicial y el debido proceso de ley. Durante la acción vandálica la turba saco del establecimiento a más de 30 empleados y una gran cantidad de clientes a la calle de forma temeraria y abusiva.
