La información la ofreció el procurador general Jean Rodríguez, quien dijo que el Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva para el grupo que integran la exfiscal Carmen Lisset Núñez, el Mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas; el Capitán Juan de Dios Heredia Martínez, y los cabos Adan Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero.
Asimismo, hizo un llamado al prófugo Carlos Daniel Estévez (Menganito) para que se entregue a las autoridades por las vías correspondientes.
Menganito habría sido la persona que reclutó a Juan Daniel Disla, el joven a quien la DNCD le dio la droga para plantarla en la Barbería. Este último será utilizado por el MP como testigo a cargo en el proceso contra la fiscalizadora renunciante y los demás involucrados en la trama.
“El país siempre tendrá en mí a un procurador general de la República que procura justicia ante todo hecho que riña con la ley, que es igual para todos sin importar a qué institución pertenezcan ni la posición que ocupen. Como lo hemos hecho desde el inicio de nuestra gestión, en este caso buscaremos que sea debidamente sancionado”, dijo el funcionario.
El grupo fue sometido por violación a los artículos 38, 42, 44, 169, párrafo I y 255 de la Constitución, que tipifican la violación al derecho de la dignidad humana, al respeto a la integridad psíquica y moral, y el honor personal.
También los artículos 114, 123, 166, 184, 265 y 266 del Código Penal, que tipifican el abuso de autoridad contra los particulares, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.
Recurre sentencia Marlin. En otro orden, el procurador general dijo que recurrió en casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la sentencia mediante la cual la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís redujo de 5 a 2 años de prisión la condena contra Marlin Martínez.
Sostuvo que el Ministerio Público aportó pruebas fehacientes que demuestran que Martínez no solamente ayudó a su hijo Marlon Martínez en el ocultamiento del cadáver de Emely Peguero, sino que es cómplice de su muerte.
“Si bien es cierto que nos sentimos satisfechos con la decisión de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís con relación a la parte de la sentencia que condena a la pena máxima de 30 años de prisión a Marlon Martínez por el crimen, no podemos quedarnos indiferentes ante los dos años impuestos a Marlin, pues las pruebas son más que contundentes sobre su complicidad y la pena en estos casos son 20 años de prisión”, dijo el procurador.
Precedente nefasto
El procurador general dijo que la sentencia de la Corte de Apelación de SFM debe ser corregida, pues de lo contrario “favorece la impunidad y dejaría un nefasto precedente en la correcta aplicación de justicia”.
La Corte es presidida por la magistrada Saturnina Rojas Hiciano.
