El TC otorgó un plazo de un mes, a partir de la notificación, al director de la Junta Distrital, Manasés Mercado, para que repare la caseta a la señora Dulce Fidelina Pichardo Pantaleón.
Al mismo tiempo, fijó el pago de un astreinte de RD$5,000.00, por cada día de retardo en que incurra la Junta Distrital en la ejecución de la decisión, a partir de la expiración del mes que le dio para la reconstrucción, el cual dispuso en favor de la señora Pichardo Pantaleón.
El TC determinó que el derecho de operar dicha caseta en esa playa había sido adquirido mediante compra efectuada a los señores Santo Paulino Hernández Núñez y Laudys Yanselys Hernández Brito el 20 de junio de 2015.
Comprobó que la Junta Distrital violó a la afectada sus derechos al trabajo, a la libertad de empresa y al debido proceso.
Sin embargo, el TC consideró que no se incurrió en violación al derecho de propiedad, debido a que la Constitución incluye a las playas dentro de los bienes de dominio público, y que como tales, son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Puntualizó que “el disfrute y gestión de cualquier área de playa, autorizado de conformidad con la ley, no puede generar en favor del beneficiario derechos de propiedad sobre las edificaciones o mejora que levante o fomente en tales terrenos, porque la naturaleza jurídica de dichos bienes de dominio público, que se destinan al uso general, determina necesariamente, para que dicho destino se mantenga inalterado, que la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad que los afecta se extiendan, tanto al suelo, al subsuelo y a todas las mejoras incorporadas a los mismos”.
La Alta Corte adoptó la decisión mediante la sentencia TC-358-18, publicada el 3 de septiembre, mediante la cual acogió una acción de amparo interpuesta por la señora Dulce Fidelina Pichardo Pantaleón en contra del director de la Junta Distrital de La Entrada.
El TC anuló la sentencia número 00083, del 21 de febrero de 2017, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de María Trinidad Sánchez.
La decisión fue adoptada por la mayoría requerida, pero recibió el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, y los votos salvados de la magistrada Katia Miguelina Jiménez y Víctor Joaquín Castellanos Pizano.
Se hace constar en la decisión que no figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, segunda sustituta; y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la deliberación y votación.
FUENTE: LISTIN DIARIO
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