INTERNACIONAL
MORELIA. Organizaciones del crimen organizado interfieren mediante
violencia y financiamiento ilegal en el proceso que culminará en los
comicios del próximo domingo en México, tras una campaña con unos 130
asesinatos.
Esta influencia fue reconocida por la presidenta del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora,
quien advirtió recientemente que “manos criminales están actuando de
forma premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia
quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral”.
Lamentó
que “el signo que está marcando al proceso electoral es precisamente el
de la violencia”, por lo que hizo un perentorio llamado a las
autoridades de seguridad y justicia para reforzar las acciones que
garanticen la integridad de los candidatos, “así como de todas las
familias mexicanas”.
Al presentar el 21 de junio el estudio
“Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas
políticas en México”, el analista Luis Carlos Ugalde, extitular del
máximo ente electoral de México, afirmó que hay indicios de que el
narcotráfico financia campañas políticas, sobre todo en pequeñas
localidades.
El fondeo del dinero de las drogas ocurre en las
campañas de zonas “donde está el crimen organizado”, como los estados de
Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas o Guerrero, dijo Ugalde, presidente de
2003 a 2007 del Instituto Federal Electoral de México, predecesor del
actual Instituto Nacional Electoral (INE).
El 25 de junio la
consultora Etellekt presentó su sexto informe de Violencia Política,
según el cual 126 figuras políticas habían sido asesinadas desde el
inicio del proceso electoral en septiembre pasado.
Desde entonces
se han sumado más homicidios, elevando la cifra de víctimas a cuando
menos 130, incluyendo 27 candidatos a distintos puestos de elección
popular.
Uno de los focos de esta violencia, microcosmos de un
país asediado por la actividad criminal, es el occidental estado de
Michoacán, donde los cárteles Jalisco Nueva Generación y la Nueva
Familia Michoacana son los de mayor presencia.
El Gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto y el del gobernador Silvano Aureoles han
desplegado más de 20.000 militares y policías en el estado.
Durante
la campaña han sido asesinados en el estado Alejandro Chávez, Fernando
Ángeles y Omar Gómez, candidatos a las alcaldías de Taretan, Ocampo y
Aguililla, respectivamente.
El 12 de abril, Maribel Barajas,
aspirante del Partido Verde Ecologista de México a una diputación en
Michoacán, fue también asesinada con una arma punzocortante en una zona
rural de Morelia, capital del estado.
El Grupo de Coordinación
Michoacán, máximo órgano de seguridad del estado en el que intervienen
mandos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, reportó que el 17
de mayo fue secuestrada Lourdes Torres, candidata del Partido del
Trabajo a la alcaldía de Álvaro Obregón.
Torres fue liberada
mediante un operativo policial que permitió la detención de una mujer y
el abatimiento de uno de los autores intelectuales del plagio, cuyo
móvil no ha sido revelado.
El 18 de junio, Miguel Amezcua,
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía
de Tangamandapio, salió ileso de un ataque a balazos.
El
gobernador Aureoles ha decretado la instalación permanente de una Mesa
de Gobernabilidad, en la que participan representantes de los partidos
políticos y autoridades federales y estatales.
Incluso, el
Gobierno de Michoacán adquirió un “avión sigiloso” capaz de levantar
imágenes o dar seguimiento a “objetivos delincuenciales” sin ser
detectado, el cual estará disponible para el desarrollo de la elección.
Michoacán
se ubica en el occidente mexicano y cuenta con un litoral de más de 270
kilómetros en el Pacífico, además de importantes zonas boscosas y
montañosas donde grupos de narcotraficantes cuentan con plantíos de
marihuana y amapola, así como laboratorios de metanfetaminas.
La
Secretaría de Marina ha detectado además que el puerto internacional de
Lázaro Cárdenas es utilizado por narcotraficantes centroamericanos y
mexicanos para el trasiego de millonarios cargamentos de cocaína a
Estados Unidos.
Pese a este entorno, el presidente del INE,
Lorenzo Córdova, dijo en una entrevista a Efe que “la organización de
las elecciones, en el contexto de violencia en que las estamos llevando a
cabo, no está siendo puesta en riesgo”.
El INE, detalló, ha
abierto canales de comunicación con las autoridades para crear las
condiciones y garantizar que las elecciones “sean exitosas” y millones
de mexicanos puedan votar con tranquilidad.
El próximo domingo
convocará a 89 millones de mexicanos a las urnas para elegir unos 3.400
cargos públicos, entre ellos los de presidente del país, gobernadores de
nueve estados, diputados y senadores.
DIARIO LIBRE
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