jueves, 30 de noviembre de 2017

NACIONAL




La falta de presupuesto sigue siendo uno de los mayores retos que dice tener la Defensoría Pública para desarrollar sus funciones dentro del sistema de justicia a nivel nacional.


De acuerdo con la directora de esa institución, Laura Hernández Román, se necesitan más de 300 defensores públicos, ya que la mayoría de los que se dedican a ese servicio, trabajan con una sobrecarga de casos judiciales.

Para el año que viene habían solicitado un aumento de RD$400 millones adicionales sobre el presupuesto actual, que asciende a RD$465 millones en su presupuesto, pero solo le aumentaron RD$80 millones.

Otros de los retos que tiene la Oficina de Defensora Pública, a juicio de la directora de la institución, es que falta habilitar ocho oficinas de Defensora Pública en varias demarcaciones del país. Expresó que el tener a un defensor público es un derecho de todo aquel ciudadano que por alguna razón no tenga acceso a un abogado.

En varias ocasiones la Defensa Pública ha dicho que es la oficina abogados más grandes del país porque maneja más del 80 por ciento de los casos penales de todo el territorio nacional y que en promedio un defensor tiene asignado más de 400 casos activos por persona.

Laura Hernández habló durante su participación en la mesa sobre Seguridad y Justicia que realizó la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus). En el evento, el presidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños ponderó el trabajo realizado por la Oficina de Defensa Pública y se mostró partidario de que el Estado asigne la partida presupuestaria establecida por ley a las instituciones.
Conflictos
 
Recientemente, Hernández defendió la legitimidad de las operaciones de la institución que dirige, al decir que es la Constitución la que los faculta para defender en los procesos judiciales a los que los imputados no tienen un abogado.

Laura Hernández consideró que es una queja constante de los abogados decir que la Defensa Pública les está haciendo competencia desleal, y precisó que “decirle que no hagan su trabajo, es como decirle a los hospitales públicos que dejen de funcionar porque le hacen competencia a las clínicas privadas”.

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