La República Dominicana rechazó ayer enérgicamente el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que pide al país no expulsar mujeres migrantes embarazadas, posición estatal que concitó el apoyo de partidos políticos y de una amplia base social.
La CIDH llamó a respetar el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana, en especial a las migrantes haitianas embarazadas.
De inmediao, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) calificó la declaración de la CIDH de “injusta e inoportuna” y afirmó que el país cumple con el principio de no devolución de personas que corren el peligro de ser sometidas a torturas o persecución política, que en el caso de las migrantes embarazadas irregulares, afirmó, no aplica.
Mirex estableció que se trata de una “presión masiva y excepcional” a los servicios públicos de salud dominicanos, frente a la carencia de ellos en Haití. “El Estado dominicano tiene el derecho y el deber de controlar esta situación para evitar el colapso de los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestra red pública de hospitales”, agregó.
CREDITOS A DIARIO LIBRE
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