La República Dominicana rechazó ayer enérgicamente el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que pide al país no expulsar mujeres migrantes embarazadas, posición estatal que concitó el apoyo de partidos políticos y de una amplia base social.
La CIDH llamó a respetar el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana, en especial a las migrantes haitianas embarazadas.
De inmediao, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) calificó la declaración de la CIDH de “injusta e inoportuna” y afirmó que el país cumple con el principio de no devolución de personas que corren el peligro de ser sometidas a torturas o persecución política, que en el caso de las migrantes embarazadas irregulares, afirmó, no aplica.
Mirex estableció que se trata de una “presión masiva y excepcional” a los servicios públicos de salud dominicanos, frente a la carencia de ellos en Haití. “El Estado dominicano tiene el derecho y el deber de controlar esta situación para evitar el colapso de los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestra red pública de hospitales”, agregó.
La Cancillería detalló que el 12.5 % (14,693) de los partos en 2018 en la red pública fue de madres haitianas. Dijo que esta proporción aumentó a un 23 % (27,984) en 2019, a 27.2 % (30,322) en 2020 y a 30 % (24,376) en los primeros nueve meses de 2021.
Desde septiembre de este año el Gobierno domicano adoptó medidas drásticas tendentes a limitar la inmigración desde Haití, ante la crisis de inseguridad que se vive en ese país. Una de las decisiones es evitar el ingreso de extranjeras embarazadas de seis o más meses. También limitar, solo a casos de emergencia, el acceso a los hospitales públicos a los inmigrantes indocumentados.
El país lamentó la precaria gobernabilidad y violencia extrema en Haití que motiva a sus ciudadanos a buscar servicios básicos en otro país: “Esta incapacidad del Estado haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía es una corresponsabilidad de la comunidad internacional”.
Indicó que el gran flujo de migrantes en América requiere de soluciones creativas y novedosas, desde una perspectiva multilateral, con el aporte de los Estados y los organismos internacionales, y aseguró que las normas internacionales sobre migrantes no responden al estado de emergencia migratoria que asedia al mundo.
“No es el momento de recriminar a los Estados que responden a esta situación en función de su actual infraestructura de servicios, cuya primera responsabilidad son sus ciudadanos”, consideró.
El caso que más llamó la atención de las repatriaciones de migrantes embarazadas fue el caso de Natali Volibal. El Gobierno dominicano afirmó que “no existe evidencia” de que la migrante fue deportada después de dar a luz y separada de su bebé. Aseguró que los protocolos de la Dirección General de Migración (DGM) garantizan la seguridad y salud de los migrantes vulnerables.
La DGM cuenta con una ambulancia las 24 horas para el traslado de las embarazadas a un centro hospitalario de ser necesario y que se habilitó un presupuesto especial para pagar los gastos de emergencia requeridos, explicó el Mirex. En caso de que una embarazada sea ingresada en un centro de salud, las autoridades no penetran al hospital, aseguró y aseguró que las repatriaciones solo ocurren cuando es médicamente seguro para la madre y la criatura.
El Gobierno dominicano rechazó “la irresponsable pretensión” de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los dominicanos. “Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana”, reiteró.
La CIDH expresó su “preocupación” por las denuncias de expulsiones de las migrantes embarazadas y urgió al Estado a respetar el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana; particularmente acceso a servicios de salud, independiente de la situación migratoria.
Dijo que las personas migrantes tienen derecho a recibir la misma atención médica que las personas nacionales, incluida la salud sexual y reproductiva. Por tanto, indicó que los Estados “no deben impedir” el acceso a servicios de salud por razón de la situación migratoria o la falta de documentos de identidad.
La Comisión también destacó que los migrantes tienen derecho a la confidencialidad en el marco del acceso a los servicios de salud y atención médica, por lo que no se puede intercambiar información relacionada con la situación migratoria de las pacientes o sus progenitoras con las autoridades migratorias, “así como conducir operativos de control migratorio en hospitales o sus cercanías”.
CREDITOS A DIARIO LIBRE
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