jueves, 29 de abril de 2021


 

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) depositó ante la Procuraduría General de la República los documentos relacionados con el cierre de 12 colmados y dos fábricas de bebidas adulteradas para que se inicie el proceso judicial en contra de los propietarios de estos establecimientos.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, dijo que la sociedad espera que estos procesos judiciales en contra de los actores responsables de esta práctica “criminal”, en la que han muerto 130 personas en las últimas semanas terminen en condenas “firmes y contundentes”.

Alcántara sostuvo que la institución que dirige está facultada para representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridad u organismo público o privado, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que sean requeridos.

“A cualquier persona que haya incurrido en esta mala práctica, que ha dado como consecuencia múltiples fallecimientos e intoxicaciones producto de la venta falsificadas en bebidas alcohólicas, debe ser presentado ante la justicia”, apuntó el titular de Pro Consumido.