Sectores políticos, sociales y judiciales de la República Dominicana externaron su preocupación y rechazo en torno al Plan de Seguridad Ciudadana, anunciado por el gobierno que, entre otras prerrogativas, dispone la compra de armas de fuego que estén en manos de civiles de manera ilegal para su posterior destrucción.
Los cuestionamientos se registran en medio de una ofensiva gubernamental de defensa del plan que, según el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, será innovador.
Para la directora de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, de la Procuraduría General de la República (PGR), Maura Martínez, la compra de armas de fuego por parte del gobierno incrementaría el robo de las mismas. Martínez proclamó que “yo quiero pensar que a la información le hacen falta más datos, porque no se entiende en su totalidad”, refiriéndose a lo planteado por el presidente Luis Abinader sobre el plan.
Desde la oposición, los pronunciamientos no se hicieron esperar, y el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, manifestó su desacuerdo con lo anunciado por el mandatario, por entender que esas armas deben de ser incautadas a las personas que las posean de manera ilegal.
“Nosotros no estamos de acuerdo con eso, de ninguna manera, con la compra no. Puede ser un intercambio, pero yo creo que la compra no se corresponde”, precisó.
En consonancia, el exministro de Interior y Policía y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Fadul, señaló que en vez de comprar las armas, el procedimiento a seguir sería decomisarlas, porque nadie debería tener armas de fuego que estén al margen de la ley.
“El que tiene un arma ilegal está cometiendo una infracción a la ley y, por lo tanto, no está bajo los mandatos legales, por lo que debe ser sometido ante los tribunales correspondientes”, dijo Fadul.
Desde Santiago, representantes de sectores sociales esperan que el plan sea consensuado y socializado con la población.
Juan Carlos Ortiz y Fernando Puig, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) y director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, respectivamente, coincidieron al plantear que las acciones que se estarán implementando deben ser, ampliamente, debatidas con la ciudadanía.
0 Comentarios