La testigo María Álvarez de Maio ha incorporado en el juicio por los sobornos de Odebrecht más de cien documentos de información societaria relacionados a empresas de varios de los acusados, pero también, las defensas lograron que fueran descartadas varias pruebas (calculan decenas).
En la audiencia del pasado jueves, esta “agente táctico” del Ministerio Público, no pudo acreditar ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional certificaciones y anexos de los informes societarios de las empresas vinculadas a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, compañías que, según el Ministerio Público, forman parte del entramado corrupto que fue utilizado para ocultar bienes de los soborno.
En el caso de Víctor Díaz Rúa, el tribunal comprobó que hubo varios documentos que no le fueron notificados, y por tal motivo se decidió excluirlos por ser considerados violatorios al derecho de defensa.
Durante la audiencia, las defensas de Díaz Rúa y de Conrado Pittaluga Arzeno objetaron la incorporación de pruebas que no fueron ofrecidas en la acusación, o que no fueron debidamente descritas en la oferta probatoria.
Al cruzar los documentos que se pretendía incorporar con aquellos que, junto a la acusación, fueron depositados ante el Juzgado de la Instrucción que conoció de la fase intermedia, el tribunal pudo identificar, en algunos casos, la existencia de diferencias, ordenando la exclusión de aquellos que diferían de los que estaban en su custodia.
A través de un comunicado, los abogados de Pittaluga y Díaz Rúa advirtieron que aún está pendiente que las defensas de los encartados realicen el contraexamen a la testigo. Adelantaron que de producirse el próximo lunes, la atacarán con cuestionamientos sobre su credibilidad y su calificación profesional para realizar “informes societarios” como aquellos que se han incorporado durante sus testimonios.
La empresa Odebrecht admitió haber pagado sobornos por US$92 millones de dólares para ser favorecida con contratos de obras estatales. Supuestamente esos sobornos fueron repartido a funcionarios y legisladores dominicanos.
Por el caso de los sobornos están bajo juicio los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista, y Juan Roberto Rodríguez.
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