El Congreso español aprobó este miércoles sin ningún voto en contra
el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) una renta básica con la que se
pretende frenar la pobreza en las familias e impulsar la inclusión
laboral de los colectivos desfavorecidos.
El Gobierno ya había
aprobado el pasado 29 de mayo el decreto que regula el IMV, pero
necesitaba que lo convalidara el Congreso, lo que ocurrió este
miércoles, y los diputados se comprometieron a tramitarlo ahora como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
El decreto
contempla una renta mínima, que va desde 461 euros hasta los 1,015 euros
mensuales, según los miembros de cada familia afectada, y se prevé que
pueda beneficiar hasta a 2.3 millones de personas, la mitad niños.En una excepción dentro de la tradicional bronca política en el
Parlamento español, este decreto contó con el "sí" de todos los grupos y
solo el ultraderechista Vox se abstuvo en la votación.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que defendieron el
decreto, coincidieron en que se trata de una de las medidas con mayor
capacidad de redistribución de rentas y que "dignifica el país".
A
esta renta se podrán acoger personas de entre 23 y 65 años o desde los
18 años con menores a cargo y un año como mínimo de residencia legal en
España, con un coste anual previsto para el Estado de unos unos 3,000
millones de euros (un 0.24 % del PIB de 2019).
Este Ingreso
Mínimo Vital, una herramienta ya adoptada en otros países europeos, es
clave para la lucha contra la pobreza, especialmente entre los niños, y
se hace más necesario en estos momentos, en que la crisis social se ha
agravado debido a la destrucción de empleo por la pandemia de
coronavirus.