El Gobierno afirmó ayer que contrario a lo que plantea la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el ordenamiento jurídico dominicano
no genera apatridia, y reiteró su compromiso con la defensa de la
democracia y el Estado de Derecho y con la protección de los derechos
humanos.
De esta forma respondió ante la reciente resolución de la CIDH en la que
se atribuye competencia para desconocer la sentencia del Tribunal
Constitucional dominicano, la cual afecta especialmente a hijos de
haitianos nacidos en el país.
La posición del Estado fue expresada por el consultor jurídico del Poder
Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, en rueda de prensa en el Salón Orlando
Martínez del Palacio Nacional.
Precisó que contrario a lo planteado, “el Estado dominicano se ha dotado
de una base normativa, tanto a nivel constitucional como legal, que da
respuesta a las diferentes situaciones que en materia de nacionalidad
puedan presentarse en el país. Esto ha sido reconocido por otros
organismos y agencias internacionales, así como por actores nacionales e
internacionales que le dan seguimiento a esa cuestión”.
Atributo soberano. En el documento oficial, el Gobierno dominicano
reitera que la definición de la normativa sobre nacionalidad es un
atributo soberano e irrenunciable del Estado dominicano, el cual aplica
de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y
legales sobre esta materia.
Agrega que el Gobierno respeta y valora el papel de la Corte, tras
aclarar que la “no presentación del Estado a la audiencia del 8 de
febrero de 2019, que conocería asunto concerniente a la República
Dominicana, se debió a un acatamiento del Gobierno a la sentencia del
Tribunal Constitucional TC-256- 14″.
Explicó que según dispone el artículo 184 de la Constitución dominicana,
las decisiones del Tribunal Constitucional “son definitivas e
irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes
públicos y todos los órganos del Estado”.
El Gobierno sostuvo, además, que la ausencia en dicha audiencia no
representa una “afrenta” a la Corte Interamericana, como esta señala,
sino un acatamiento a una decisión del Tribunal Constitucional y que ha
seguido participando en las audiencias y reuniones que la CIDH celebra
en relación a la República Dominicana, pues la decisión del “Tribunal
Constitucional no alcanza a dicha Comisión, la cual no solo es un órgano
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también un
órgano de la propia Carta de la Organización de los Estados Americanos
(OEA)”.
Indica, que la colaboración entre el Gobierno dominicano y la CIDH ha
sido sumamente dinámica y fructífera en tiempos recientes, lo cual ha
sido reconocido por la propia Comisión. Sobre este particular agregó que
espera que continúe de esta manera.