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Gobierno afirma orden jurídico no genera apatridia

El Gobierno afirmó ayer que contrario a lo que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ordenamiento jurídico dominicano no genera apatridia, y reiteró su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho y con la protección de los derechos humanos.
De esta forma respondió ante la reciente resolución de la CIDH en la que se atribuye competencia para desconocer la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano, la cual afecta especialmente a hijos de haitianos nacidos en el país.
La posición del Estado fue expresada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, en rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.
Precisó que contrario a lo planteado, “el Estado dominicano se ha dotado de una base normativa, tanto a nivel constitucional como legal, que da respuesta a las diferentes situaciones que en materia de nacionalidad puedan presentarse en el país. Esto ha sido reconocido por otros organismos y agencias internacionales, así como por actores nacionales e internacionales que le dan seguimiento a esa cuestión”.
Atributo soberano. En el documento oficial, el Gobierno dominicano reitera que la definición de la normativa sobre nacionalidad es un atributo soberano e irrenunciable del Estado dominicano, el cual aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y legales sobre esta materia.
Agrega que el Gobierno respeta y valora el papel de la Corte, tras aclarar que la “no presentación del Estado a la audiencia del 8 de febrero de 2019, que conocería asunto concerniente a la República Dominicana, se debió a un acatamiento del Gobierno a la sentencia del Tribunal Constitucional TC-256- 14″.
Explicó que según dispone el artículo 184 de la Constitución dominicana, las decisiones del Tribunal Constitucional “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
El Gobierno sostuvo, además, que la ausencia en dicha audiencia no representa una “afrenta” a la Corte Interamericana, como esta señala, sino un acatamiento a una decisión del Tribunal Constitucional y que ha seguido participando en las audiencias y reuniones que la CIDH celebra en relación a la República Dominicana, pues la decisión del “Tribunal Constitucional no alcanza a dicha Comisión, la cual no solo es un órgano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también un órgano de la propia Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.
Indica, que la colaboración entre el Gobierno dominicano y la CIDH ha sido sumamente dinámica y fructífera en tiempos recientes, lo cual ha sido reconocido por la propia Comisión. Sobre este particular agregó que espera que continúe de esta manera.

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