Los principales fiscales del condado Suffolk, que incluye Boston, y del condado Middlesex, al igual que defensores públicos y otros, señalaron en la demanda que algunos casos incluso han terminado porque testigos, víctimas o demandantes temen acudir a cortes vigiladas por agentes de inmigración.
“Cuando no podemos hacer que alguien pague por sus actos eso no es justicia, y nadie en este estado está más seguro debido a esta práctica“, dijo Marian Ryan, la fiscal de distrito del condado Middlesex.
La demanda federal representa la disputa entre autoridades estatales y federales por los intentos del presidente Donald Trump de reforzar las medidas contra la inmigración.
La querella se dio a conocer días después de que fiscales federales en Massachusetts presentaron cargos contra una jueza estatal y un exfuncionario judicial por obstrucción de la justicia, cuando supuestamente ayudaron a un hombre a escaparse por una puerta trasera del tribunal a fin de evadir a un agente de inmigración que lo esperaba.
Tales arrestos en las cortes, que defensores de inmigrantes afirman han aumentado en el gobierno de Trump, han ocasionado protestas de abogados que representan a inmigrantes y generan exhortos a que jueces pongan fin a política.
