Una comisión de la Junta Central Electoral (JCE) designada para
investigar la denuncia de que una presunta mafia se dedica a la
expedición de certificados viciados de “nacidos vivos” para fines de
registro de nacimiento, determinó que los hospitales de la región Este
están cumpliendo con los controles establecidos.
La comisión, integrada por Dolores Fernández, directora nacional de
Registro Civil, y Brígida Sabino, encargada de la Unidad Central de
Declaraciones Tardías, se trasladó ayer a los hospitales Materno
Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, de Higüey, y el Regional
Doctor Antonio Musa, de San Pedro de Macorís, objetos de la denuncia.
Además, estableció contactos con el Servicio Nacional de Salud, para
que garantizara la presencia de los directores y el personal médico
responsable de las áreas de atención a embarazadas y parturientas.
La comisión sostuvo, en un informe remitido al presidente de la JCE,
Julio César Castaños Guzmán, que a las 11:00 de la mañana realizó su
primera reunión en el hospital de Higüey con el director Jaime Rodríguez
y otros miembros del personal encargado de diferentes áreas, quienes
rechazaron las afirmaciones publicadas. Dice que Rodríguez resaltó que
desde que se trabaja en alianza con la JCE, las informaciones contenidas
en los certificados son más fidedignas, y que en sus declaraciones
había informado que estas malas prácticas ya no eran comunes en el
centro de salud.
Mientras que también se reunió con el doctor Guillermo Hernández,
director del Hospital Regional Doctor Antonio Musa, quien manifestó
igualmente que en su información había expresado que desconocía todo
tipo de denuncia relacionada con ese tema y que existe un fiel
cumplimiento de los procesos. Señaló también que actualmente se realiza
un seguimiento responsable de estos procesos para evitar este tipo de
irregularidades.
La seguridad
El informe presentado por la Comisión de la JCE contiene como soporte
entrevistas, verificación de expedientes, así como documentos, libros de
partos donde se emiten dichas certificaciones, entre otros, en las
cuales se comprueba que ambas instituciones de salud cumplen con los
requerimientos de seguridad exigidos.
La comisión estableció en su informe, que había comprobado que las
declaraciones vertidas sobre negocios lucrativos de certificaciones de
“nacidos vivos” no son veraces, ya que en el levantamiento que hizo
utilizando entrevistas y verificación de expedientes, documentos y
libros de partos de donde se emiten dichas certificaciones, en los
hospitales citados se están cumpliendo con los controles requeridos para
la seguridad de los registros de nacimientos.