Particularmente, esto afectaría al flujo migratorio dominicano hacia Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional ha delineado una propuesta de nuevas normativas, que permitiría a los funcionarios de inmigración controlar el potencial uso de los extranjeros de ciertos beneficios estatales financiados por los contribuyentes, para determinar si podrían implicar una carga pública, indica la publicación.
Por ejemplo, las autoridades estadounidenses podrían chequear si el solicitante de la residencia permanente ha inscrito a un hijo en programas preescolares del Gobierno o recibido subsidios en tarifas de servicios públicos y/o descuentos en la cobertura de salud.
El borrador de la normativa es una drástica modificación respecto de los lineamientos actuales, que han estado vigentes por casi dos décadas y prohíben explícitamente a las autoridades evaluar esos beneficios que no implican la entrega directa de efectivo para decidir si un extranjero en Estados Unidos puede convertirse en residente del país.
“Los no-ciudadanos que reciben beneficios públicos no son autosuficientes y están dependiendo del Gobierno de Estados Unidos y de entidades estatales”, dice el documento.
PERIODICO HOY
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