Las nueve Casas Comunitarias de Justicia que funcionan en igual localidades del país pondrían cerrar por falta de recursos económicos, por lo que sus dirigentes y comunitarios abogan por mayor apoyo del gobierno, del sector empresarial y las alcaldías para poder seguir ofreciendo servicios a personas necesitadas de barrios y comunidades.
Esta Organización No Gubernamental fue creada hace más de 15 años con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), para ofrecer asistencia jurídica, psicológica, mediación familiar y comunitaria, fortalecimiento institucional, municipalidad, conciliaciones y educación en derechos y deberes.
Durante esos 15 años han logrado impactar en la vida de más de medio millón de personas en La Ciénaga, Santo Domingo Oeste, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago, Santiago Oeste, Mao, Moca y Puerto Plata.
Erika Valera, gerente de la Casa Comunitaria de Justicia de La Ciénaga, informó que en los seis años que llevan en el sector han trabajado con 38,604 personas en resolución de conflictos, entre ellas 20,654 mujeres y 17,950 hombres.
“De no encontrase una solución a la sostenibilidad técnico-financiera que amenaza la existencia de este programa, dejaría de beneficiar a los más necesitados de justicia y paz”, dijo Valera.
Recordó que el surgimiento de esa casa y las otras ocho ha impulsado el acceso a la justicia, la prevención de la violencia y la convivencia pacífica en los sectores vulnerables de cada localidad, contribuyendo con la paz social.
Indicó que los psicólogos ofrecían servicios todos los días, pero que antes las condiciones económicas que tiene se ven en la necesidad de limitarla a solo dos días.
“Nuestro principal recurso lo recibimos por parte de la Usaid, ellos nos ayudan a sostener la operatividad de las casas a través de una subversión que ellos realizan, también nos ayudan los ayuntamientos, de manera particular a nosotros nos contribuye bastante, el Ayuntamiento del Distrito y en cada casa la alcaldía hace importante aporte, al igual que algunos empresarios, el Poder Judicial y la Procuraduría, porque el servicio que realizamos es integral”.
En el caso de la Casa Comunitaria de Justicia Las Caobas que dirigen Amelfy Echavarría, como gerente y Carmen Victoriano, directora técnica de gestión, esta tiene 15 años ofreciendo diversos tipos de servicios a la comunidad.
Durante esos 15 años han impactado 142,681 personas, 75,464 mujeres y 67,217 hombres que han recibido apoyo en diferentes áreas. Echavarría exhortó, tanto al sector empresarial como a la alcaldía, a que apoyen a la casa para que no cierre sus servicios que tantos beneficios les ha dado a los residentes en esa zona.
“El hecho de perder la Casa Comunitaria de Justicia Las Caobas es arrebatarle al sector más vulnerable de Santo Domingo Oeste, todo lo que tiene para ceder y hacer justicia”, dijo Echavarría.
En tanto que Victoriano dijo que la solicitud de apoyo se hizo de manera simultánea en las nueve casas porque se encuentran en similares situaciones, que no pueden ser autosostenibles. Aclaró que los usuarios de los servicios no pagan nada por ellos.
“Hacemos un llamado de manera local al sector público, digamos a la municipalidad, a los empresarios para que hagan un aporte, ese compromiso social corporativo, ese compromiso de la alcaldías de las localidades donde están cada una de estas casas”, sostuvo Victoriano.
Roberto Gómez, comunitario de La Ciénaga, exhortó a las autoridades a no permitir que cierren la Casa porque allí resuelven muchos problemas sin tener que ir a la justicia y otros que salen costosos en otras instancias.
Adrín Tejeda, presidente de la Junta de Vecinos de El Palmar de Herrera, dijo que se solidarizan con la Casa de Justicia porque es el corazón del municipio, es un regalo que les ha dado Dios porque todos los problemas como violencia de género, intrafamiliar, psicológicos, esos servicios se ofrecen de manera gratuita.
“Aquí ninguno de las profesionales en la materia cobra un peso por el servicio, no hay que pagar ningún tipo de consulta, o sea, que esta casa ha sido la matriz del municipio, donde todos los problemas que desde la Fiscalía no se pueden resolver, aquí se resuelven de manera gratuita y sin tener que costear abogados”, indicó.
De igual modo, José Joaquín Ramírez llamó al presidente Luis Abinader y al senador Antonio Taveras que el dinero del barrilito se necesita en comunidades como Santo Domingo Oeste.
Otra comunitaria, Juana Pichardo, de la Federación de Mujeres Las Golondrinas de Santo Domingo, dijo que apoyan esa causa justa porque la mayoría de los problemas son solucionados en ese espacio que ha dado bienestar a la gente.
Ángela Estrella, de la Junta de Vecinos Todo se Pude del barrio Duarte dijo: “Yo le quiero hacer un llamado al señor presidente, a nuestras instituciones, regidores, diputados, al senador que tenemos, que tanto dinero que se está gastando en el municipio detrás de nada, este es un caso 911, que amerita atención porque la gente viene aquí y se va con su problema resuelto”, sostuvo.
CREDITOS A DIARIO LIBRE
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