El conflictivo tema de la distribución de la contribución económica
del Estado a los partidos políticos no ha encontrado el consenso en el
marco de las discusiones para la modificación de las leyes electorales
que se desarrollan en el Consejo Económico y Social (CES).
La Junta Central Electoral (JCE) propone distribuir un 30% en partes
iguales entre todos los partidos y el 70% en función de la cantidad de
votos obtenidos en la última elección en los niveles, presidencial,
senatorial, de diputados y municipal.
Esa propuesta cuenta con el respaldo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero la rechazan la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El PLD propone que se mantenga vigente el artículo 61 de la ley 33/18 y la Fuerza del Pueblo recomienda que el 70% de los fondos se distribuya entre las organizaciones que logren más del 5% y el 30% entre los partidos minoritarios.
Esa organización plantea que cualquier modificación a la ley que se haga incluya un artículo transitorio que aclare que esa decisión se aplicará a partir de las elecciones del 2024 para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
El tema históricamente ha sido conflictivo y el criterio de distribución ha variado desde que se creó en el 1997.
En las propuestas de modificación a la ley 33/18 sobre la cuota de género, los partidos mayoritarios apoyan mantener el criterio actual de 60/40 como tope máximo y mínimo tanto para hombres como para mujeres.
En su propuesta el PRM establece que se debe mantener como establece el artículo 24 de la ley 33/18. La FP señala que sobre las modificaciones que plantea la JCE es importante evaluar el contexto. “Es importante crear las condiciones de igualdad y trabajar en las políticas de equidad de género. Sin embargo, debemos evitar imponer parámetros que debiliten la calidad de la participación de la mujer y de los jóvenes en los procesos electorales”, apuntó.
El PLD hace referencia a varias sentencias de los tribunales que señalan que la cuota consiste en garantizar la participación y que la obligatoriedad violaría derechos fundamentales.
Las organizaciones partidistas también rechazaron la propuesta de la JCE de no organizar y administrar los procesos internos de los partidos para escoger los candidatos a cargos de elección popular. En cuanto a las reservas de candidaturas, la JCE propone que sea en cada nivel electoral. Ese cambio lo rechaza el PRM, pero lo apoya la FP y el PLD no opinó sobre ese punto.
EL CARIBE
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