Desde hace siete años el país ha intentado incorporar al su ordenamiento jurídico esta figura
Mientras que algunas regiones se apoyan en la ley de extinción de dominio para luchar en contra del narcotráfico, otras lo utilizan para combatir casos de corrupción. El común denominador: ir en contra de los bienes de origen o destino ilícito y recuperarlos para el Estado.
“Los que tienen preocupación son realmente los que están metidos en ilícitos, no importa el tipo o su profesión:
empresarios, religiosos, cura, políticos, funcionarios, ministros y
posiciones electivas”, explica el diputado Tobías Crespo, miembro de la
comisión bicameral del Congreso de la República que estudia la fusión de
los proyectos de ley presentados por los senadores Antonio Taveras y
Félix Bautista.
Las causales de extinción de dominio son fundamentalmente dos, la primera se relaciona con el origen de los bienes adquiridos fruto de ganancias derivadas de actividades ilícitas, y en segundo lugar los bienes que, aun habiendo sido adquiridos lícitamente, han sido destinados a la realización de actividades delictivas, refiere la periodista Julissa Céspedes en su programa Reportaje especial que se transmite por CDN canal 37 en el que hace una radiografía a la propuesta legislativa.
Wendy Lora, exdirectora de la Unidad de análisis Financiero (UAF), asegura que la ley de extinción de dominio seria de mucha ayuda en los casos donde se busque recuperar los bienes originados o destinados a la acción ilícita de un fallecido, o de un acusado que este prófugo y sea declarado en rebeldía.
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