Alejandro Girón Jiménez pasó de ser uno de los principales imputados en el caso de corrupción Coral a ser un colaborador del Ministerio Público, y se ha ganado como premio un arresto domiciliario como medida de coerción, en vez de ser enviado a la prisión como el resto de los encartados.
Por su delación, Girón Jiménez fue el único de los imputados que se salvó de la cárcel, en este primer grupo. Estará recluido en una residencia de ubicación estrictamente confidencial. Para salvaguardar su integridad física, dada la información sensible revelada por éste, estará bajo protección del Ministerio Público según lo dictaminado por el tribunal ayer.
La jueza Kenya Romero, en cambio, declaró el caso complejo y dictó 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo al mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Alejandro José Montero Cruz.
Al motivar su decisión, la magistrada Romero consideró que existen elementos suficientes para sostener, razonablemente, que los encartados son autores o cómplices de la infracción.
Los representantes de la Pepca se mostraron contestes con la decisión del tribunal y de inmediato lanzaron la advertencia para otros implicados en el caso Coral que no han sido procesados: “Perseguiremos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencias de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos que, repito, debieron ser utilizados para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la Policía Nacional y el Ejército”.
Las palabras son del titular de la Pepca, Wilson Camacho, quien aseguró que el Ministerio Público sigue trabajando para desmontar completamente la estructura de corrupción enfrentada con la Operación Coral.
Los abogados de la pastora Rossy, su hijo Taner Flete y del mayor general Adán Cáceres consideraron arbitraria la medida de coerción dictada por la magistrada Romero. Dijeron que van a esperar a tener la resolución que emita el tribunal para analizar una posible apelación del fallo.
“Esta es una sentencia injusta, porque mete a todo el mundo en el mismo saco y eso no es correcto”, dijo Héctor López Rodríguez, abogado de la pastora Rossy y de su hijo Tanner Flete.
Igual calificativo le dio la abogada Elsa Trinidad Gutierrez, parte de la defensa del mayor general Adán Cáceres. Expresó que el Ministerio Público cometió una deslealtad procesal al filtrar informaciones a la prensa para presionar.
Dice el Ministerio Público que mientras el mayor general Adán Cáceres dirigió el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), instaló un entramado corrupto mediante el cual sustraía fondos a través de las nóminas oficiales. Esto se extendió a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y altos mandos de la Policía Nacional.
Por medio de la pastora Rossy Maybelline Guzmán, utilizaban las actividades religiosas para desarrollar mecanismos para lavar fondos ilícitos que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes. Las investigaciones del caso están en desarrollo por parte de la Pepca.
CREDITOS A DIARIO LIBRE
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