Las nóminas ocultas identificadas en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), en las que se pagaron unos RD$718.2 millones, podrían terminar en una acusación por prevaricación contra la pasada administración de esa entidad, de demostrarse que dichos pagos fueron irregulares.
Así lo planteó el abogado a Marino Elsevif, quien entiende que, si bien el Inapa tiene facultad para contratar empleados temporales, los contratos deben estar sujetos a una labor específica que sea verificable ante cualquier escrutinio interno.
De acuerdo con las ejecutivas del Inapa, Yanet Binet, directora de Recursos Humanos, y Ruth Chevalier, asesora de la Dirección Financiera, las nóminas, con un total de 1,475 empleados, corresponden a brigadas especiales y jornaleros temporales, pero afirman que hasta el momento no han encontrado expedientes ni evidencias físicas ni digitales que demuestren que esas personas realizaban una labor para esa institución.
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