La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, organismo fiscalizador y auditor del Estado ha sido escenario de una secuencia de escándalos que en diferentes años han puesto en tela de juicio a más de una gestión.
Sus actuales miembros hoy día no solo son objeto del escrutinio público sino de la Procuraduría General de la República que investiga sus actuaciones en torno a las auditorías de las obras construidas por Odebrecht del 2002 al 2014. El Ministerio Público investiga a sus miembros por obstrucción de la justicia y detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa.
Las indagatorias contra el órgano fiscalizador, que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.
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