BILLINGS.
El gobierno de Trump intenta acelerar las evaluaciones medioambientales
sobre docenas de grandes proyectos energéticos y de infraestructuras
durante la pandemia del COVID-19, como prospecciones de gas y petróleo,
peligrosas conducciones de combustible, parques eólicos y proyectos de
autopistas en varios estados, según documentos proporcionados a The
Associated Press.
El plan para acelerar la aprobación de los
proyectos se puso en marcha después de que el presidente, Donald Trump,
ordenara en junio al Departamento del Interior y otras agencias que
hicieran informes medioambientales menos exhaustivos, amparándose en los
poderes especiales de los que dispone durante la emergencia del
coronavirus.
Más de 60 proyectos señalados para los reportes
ambientales rápidos aparecían en un anexo a una carta del 15 de julio de
la secretaria asistente de Interior, Katherine MacGregor, al asesor
económico de la Casa Blanca Larry Kudlow.
La
carta, a la que tuvo acceso el Centro de Diversidad Biológica a través
de una demanda sobre libertad de información, no especifica cómo podría
acelerarse el proceso de evaluación. Señala que los proyectos
energéticos, medioambientales y de recursos naturales “están dentro de
la autoridad de la Secretaría de Interior para su ejecución o avance”.
La
lista incluye propuestas del sector del gas y el petróleo, como el
campo gasífero Converse de 5.000 pozos en Wyoming o la terminal Jordan
Cove de gas natural en Virginia.
Otros proyectos señalados son
mejoras en autopistas de Carolina del Sur, Georgia, Florida y otros
estados; diques para tormentas e iniciativas de recuperación de
humedales en Luisiana; el acueducto de Lake Powell en Utah; parques
eólicos en Nuevo México y en aguas de Massachusetts y proyectos mineros
en Nevada, Idaho, Colorado y Alaska.
El plan de acelerar grandes
proyectos es una “concesión” a industrias que se ganaron el favor de
Trump, según el ambientalista Brett Hartl.
“Construir una planta
de gas natural licuado no va a resolver el problema que afecta al país”,
dijo Hartl, director de asuntos gubernamentales en el Centro de
Diversidad Biológica. “Aquí es donde podríamos ver daños
medioambientales en el futuro, porque se están saltando pasos en el
proceso”.
El grupo demandó al gobierno ante un tribunal federal
para forzar la publicación de documentos relacionados con la orden de
Trump, después de que su primera petición dentro de la Ley de Libertad
de Información se viera rechazada.
En su carta, MacGregor señaló
que los plazos de algunos proyectos se habían abreviado antes de la
orden del presidente. Algunos de los incluidos en la lista se habían
completado poco antes, como la aprobación de las prospecciones en el
Refugio Ártico Nacional de Vida Silvestre.
Funcionarios del
Departamento del Interior no respondieron a las preguntas de AP sobre
cómo se estaban acelerando las auditorías medioambientales y si se
estaba eximiendo el cumplimiento de alguna norma. La petición de
acelerar los reportes está en línea con el énfasis del gobierno de Trump
en reducir la carga regulatoria sobre las corporaciones.
El
portavoz del secretario de Interior, David Bernhardt, indicó en un
comunicado por correo electrónico que el gobierno está tomando medidas
para mejorar la toma de decisiones del gobierno y asegurar que las
consecuencias medioambientales son “analizados cuidadosamente”.
“Durante
demasiado tiempo, infraestructuras, (iniciativas) de energía de crucial
importancia y otros proyectos de desarrollo económico se han visto
innecesariamente paralizados por burocracia federal”, dijo el vocero
Conner Swanson.
En su orden de junio, el presidente dio
instrucciones a los agentes federales para que pidieran exenciones de
emergencia a las leyes medioambientales básicas, como la Ley Nacional de
Política Medioambiental y la Ley de Especies Amenazadas, para acelerar
proyectos de infraestructuras que impulsaran la recuperación económica.
Swanson
dijo que la medida era necesaria porque el virus había desacelerado
grandes segmentos de la sociedad y provocado un enorme desempleo.
CREDITOS A DIARIO LIBRE.