Desde el principio la instalación ha estado en el centro de la controversia y su venta al día de hoy es incierta. La operación era asesorada por la firma estadounidense Guggenheim Securities, con la que el Ministerio de Hacienda firmó un contrato a fines de diciembre de 2018.
Su papel fue la prestación de servicios de asesoría financiera y/o banca de inversión para la venta de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, un proceso que involucraba llevar adelante la licitación de venta de participación de la central, incluyendo la identificación de potenciales inversionistas y asesoría para negociar con ellos.
