El abogado José Miguel Minier, coordinador de la barra de defensa del principal imputado por los sobornos de Odebrecht, Ángel Rondón,
se integró al proceso luego de regresar de un viaje a Alemania y
solicitó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia que sean anuladas
todas la audiencias que se han conocido hasta el momento porque,
supuestamente, el tribunal ha violado el principio de publicidad.
Minier
citó que el juicio es público y que cualquier persona puede hacer acto
de presencia en el tribunal, pero aseguran que el Pleno ha estado
violentando ese principio sin justificación.
Refirió que en una
ocasión mandó a su chofer a subirle el maletín al tribunal, pero no lo
dejaron pasar. Establece el abogado que esa acción es violatoria de la
Constitución, puesto que según la norma, cualquiera tiene el derecho de
ir a observar el juicio.
La barra de defensa de Rondón también planteó una excepción de
inconstitucionalidad a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de
rechazar la oposición que hicieron la semana pasada para aplazar el
proceso para dar tiempo a que José Minier regresara al país.
Argumentaron
que la decisión de rechazar ese pedimento es inconstitucional por ser
contraria al principio de imparcialidad de los jueces, también contraria
al derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, y al principio de
proporcionalidad establecidos en la Constitución.
Fallar los incidentes
Este
martes la defensa de Rondón concluyó la presentación de sus incidentes
diferidos y excepciones. Mientras hacían sus conclusiones también
solicitaron al Pleno no acumular el fallo de los incidentes, ya que una
de las solicitudes que hicieron al concluir fue el archivo de la
acusación que hace el Ministerio Público contra Ángel Rondón por
considerarla prescrita.
Los abogados justificaron su solicitud argumentando que “de ser acogido ese incidente se pondría fin al caso” con relación a su defendido.
Según la abogada Emely Rodríguez, el tiempo de la acusación del Ministerio Público es de 2001 al 2006, cuando no existía la Ley de Soborno. Pero además aseguró que no existe crimen ni delito sin ley previa.
“No es posible que el Ministerio Público acuse antes de que una ley exista. Hay que tener cuidado con esa acusación. Es una acusación vendida al país como la que va a salvar esta justicia, pero es puro marketing sin fundamentos”, dijo la abogada en audiencia.
Los abogados justificaron su solicitud argumentando que “de ser acogido ese incidente se pondría fin al caso” con relación a su defendido.
Según la abogada Emely Rodríguez, el tiempo de la acusación del Ministerio Público es de 2001 al 2006, cuando no existía la Ley de Soborno. Pero además aseguró que no existe crimen ni delito sin ley previa.
“No es posible que el Ministerio Público acuse antes de que una ley exista. Hay que tener cuidado con esa acusación. Es una acusación vendida al país como la que va a salvar esta justicia, pero es puro marketing sin fundamentos”, dijo la abogada en audiencia.
Incompetencia
Otro
de los planteamientos que hicieron fue la incompetencia del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia para decidir los incidentes y excepciones.
Plantean que sean dejadas al presidente se la Suprema, Luis Henry
Molina, porque aseguran es quien tiene la exclusividad de tomar esas
decisiones.