jueves, 22 de agosto de 2019



Participación Ciudadana afirmó ayer que la modalidad de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la termoeléctrica Punta Catalina no se correspondió con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 10-04 de la institución, pues no se realizaron investigaciones especiales ante la presunción de ‘la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por leyes especiales…”.
Dijo que los auditores se limitaron a revisar los registros, contratos y facturas de la cuenta de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), denominada “Construcción en Proceso No. 107000551”, como se indica en el Informe de la Investigación Especial (IIE), numeral 4.
“Esto, pese a los cuestionamientos que por años se han hecho a la inversión más grande del gobierno, ejecutada en Punta Catalina por más de US$2,000 millones de dólares, la Cámara de Cuentas no tomó ninguna iniciativa de control externo, sino que su intervención fue el producto de una solicitud del vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, del 21 de noviembre de 2017”, subrayó.
Refirió que la solicitud del funcionario era para que se auditara el período comprendido entre el primero de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, por un requisito de la ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas, la cual ordena la integración de la CDEEE a este organismo, “ y no por razones de transparencia”.
Agregó que la investigación forense y la investigación económica para determinar la racionalidad de los contratos, de los costos de las obras y su posible sobreevaluación, estuvo ausente en esta auditoría.
“No se investigó, por ejemplo, la justificación de un pago por más de RD$1,086,139,835.00 por concepto de nivelación de terreno, limitándose los auditores a ver registrado el pago de esa suma en la referida cuenta de la CDEEE”.
El movimiento cívico dijo que lo mismo puede decirse del valor pagado por los contratos de asesorías, como los que se hicieron al asesor ambiental por RD$ 191.5 millones; al asesor legal RD$ 196.1 millones; al financiero RD$67.3 millones y al técnico 51.1 millones.
Señaló que otro de los gastos que debieron ser sometidos a escrutinio y a una opinión técnica-forense fue el de publicidad, ascendente a RD$465 millones entre el período 2013-2017; “gastos que se han seguido incrementando sin necesidad, durante 2018 y 2019”.