ay indicios de consternación en la sociedad dominicana por las
presiones desatadas contra la mayoría de los jueces del Tribunal
Superior Electoral (TSE) que anularon una convención del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), principal aliado del gobernante Partido
de la Liberación Dominicana (PLD), al extremo de ser amenazados con
juicio político.
Ante una situación que pudiera ser subsanada, el Gobierno prefirió un
nuevo escándalo político, apenas dejando atrás el protagonizado con las
violaciones constitucionales, legales y reglamentarias en que incurrió
el Consejo Nacional de la Magistratura con la Suprema Corte de Justicia,
lo que indica una escalada contra la institucionalidad democrática.
¡Expectativas y presiones!
Con esas dos palabras encabezaba HOY su portada del pasado lunes 8,
informando que “Grandes expectativas y un ambiente inusual de presiones
se han creado desde mediados de la semana pasada en relación con la
sentencia que será leída hoy por el Tribunal Superior Electoral tocante a
una convención del Partido Revolucionario Dominicano”. Agregaba que la
sentencia se habría filtrado al PRD y esferas del Gobierno, originando
presiones y acciones “que de conocerse escandalizarían a la sociedad” y
que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica había sido enterada.
Las primeras indagatorias periodísticas del lunes antes de emitirse el
veredicto develaron el escándalo. Ministros del Gobierno (el Listín
Diario luego informaría que cuatro, tres de ellos dirigentes del PLD),
habían efectuado llamadas y otros mecanismos de presión sobre el
presidente del TSE, Román Jáquez Liranzo para que revirtiera el dictamen
que anula la 34 Convención del PRD celebrada en diciembre del 2017,
recurrida ante ese tribunal por un grupo de dirigentes disidentes del
secuestro democrático en que cayó ese partido a partir del 2013.
Al doctor Liranzo lo interceptaron el viernes 5 en plena calle para
retirarle la custodia militar que le corresponde, acción que fue
revocada después que se evidenció su inutilidad al leerse la sentencia a
media mañana del lunes. También sustituyeron al coronel jefe de
seguridad de las instalaciones del TSE, y medios informaron que hasta el
Procurador Jean Alain Rodríguez había citado al titular de ese
tribunal. Aunque todas esas informaciones tuvieron profusa difusión por
todos los medios, hasta anoche nadie del Gobierno ni del PLD las había
desmentido.
Hubo más, pues el abogado Julio Cury, quien sostiene que el presidente
Danilo Medina puede repostularse sin modificar la Constitución, twiteó
planteando que la procuraduría debería investigar quién es el
propietario del penthouse donde se presume que vive el doctor Liranzo
con su esposa, sembrando dudas sobre su legitimidad, y recordando el
inicio de la campaña sucia contra la jueza Miriam Germán hasta su
destitución, sin motivación, en violación de la Constitución, la Ley del
Consejo de la Magistratura y el reglamento de evaluación.
Una intimidación general
No causó mucha sorpresa que diputados y dirigentes del PRD gritaran
contra el presidente del TSE y los jueces Santiago Sosa y Rafaelina
Peralta, que habían sostenido su sentencia, pese a los votos disidentes
de los otros dos miembros, Arístides Madera y Cristian Perdomo. Pero el
escándalo cobró mayor dimensión cuando Reinaldo Pared, presidente del
Senado, secretario general del PLD y miembro del Consejo de la
Magistratura, planteó una investigación de la Cámara de Diputados para
determinar si procede un juicio político a los magistrados que se
atrevieron a emitir un fallo que pone en aprietos a un partido aliado.
El presidente de la Cámara, Radhamés Camacho, se mostró presto a
examinar el pedido, mientras en los medios de comunicación la legión de
comentaristas del Gobierno pregonaba las consecuencias de desafiar al
poder, ya fuera desde los partidos opositores como de las instituciones
del Estado. Todo ello generó alarma en los diversos sectores, con
rechazos tajantes de líderes políticos e instituciones sociales como
Participación Ciudadana, Finjus, dirigentes evangélicos, con gran
acogida en los medios informativos y editoriales como los del Listín
Diario y El Día, que lo denunciaron “inadmisible abuso de poder” y
“Amenaza inaceptable”.
Participación Ciudadana estimó que “se trata de un mensaje mordaza, que
va mucho más allá del TSE, y afecta a todos, desde periodistas, sociedad
civil, entidades públicas, aún a aquellas autónomas como la Junta
Central Electoral”. Esta tiene pendiente fallar sobre controversias que
envuelven al partido gobernante, como el arrastre de los senadores por
el voto de los diputados, y el reglamento de la nueva Ley Electoral, y
el Tribunal Constitucional (TC) tiene para emisión fallos sobre una
decena de impugnaciones de inconstitucionalidad de la Ley de Partidos.
El mensaje también puede estar dirigido al Tribunal Contencioso
Administrativo, donde algunos pretenden buscar amparo sobre “el derecho
del Presidente” a la reelección,
Una sentencia bien fundamentada
La sentencia TSE-012-2019 está bien fundamentada a juicio de juristas
como Servio Tulio Castaños y Francisco Alvarez Valdez. Está contenida en
79 páginas, seguidas de los dos votos disidentes, más extensos, que la
llevan a 173. Tiene 123 consideraciones y, contrario a lo que algunos
alegan, acata sin discutirla la del TC que acogió en revisión la primera
anulación de la convención del PRD dictada por el TSE en marzo del
2018, acogiendo la impugnación de un grupo de dirigentes perredeístas
porque no se les convocó previamente a la sesión de su Comisión Política
que originó el proceso convencional.
El TC consideró que el TSE se había excedido al aplicar estándares
ordinarios de derechos que no figuraban en los estatutos del PRD. Pero
como los impetrantes también objetaban el siguiente paso del proceso,
por falta de quórum en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del
partido que convocó la Convención para diciembre del 2017, con las
audiencias de rigor se revisó ese alegato. El acta de esa reunión
aportada por el PRD dice que asistieron 975 de un listado de 1,176
miembros registrado en la JCE, pero sin constancia de fiscalización de
este organismo, y el notario público solo certificó las firmas del
presidente y el secretario, sin referirse a los asistentes.
En minucioso relato, el dictamen indica que los dirigentes del PRD
presentaron un listado de 1,257 asistentes, 81 más de los registrados en
la JCE, pero solo aparecen las firmas de 471 en la casilla
correspondientes y otras 42, al dorso del listado para totalizar 513,
pero 33 de estos no figuran en el listado registrado en la JCE, por lo
que solo 480, quedaron documentados como asistentes, faltando 109 para
la mitad más uno de los 1,176 miembros legalizados. En consecuencia el
TSE declaró nula la reunión del CEN por falta de quórum, como alegaron
los impetrantes, lo que deja sin efecto la convocatoria de la Convención
y las decisiones que esta tomó, entre ellas una reforma estatutaria y
la reelección del presidente Miguel Vargas, la presidenta en funciones
Peggy Cabral, el Secretario general Tony Peña Guaba y el secretario de
Organización, Rafael (Fiquito) Vásquez, para el período 2017-21.
Suenan las alarmas
Las acciones y hasta intento de juicio político al TSE, sin suturarse el
desparpajo de falsedades, espionajes y calumnias para sacar de la
Suprema Corte al mayor símbolo de la independencia judicial Miriam
Germán, detonado alarmas en la oposición política y la sociedad.
Parecería inscribirse en el discurso del presidente Medina del 27 de
febrero cuando se manifestó “dispuesto a pagar el precio que haga falta
por servir a nuestra patria”. En este escándalo, como en el del Consejo
de la Magistratura, el silencio del presidente Danilo Medina luce
ominoso.
En plena campaña por la postulación para la reelección del mandatario,
gastando decenas de millones de pesos en actos provinciales
multiplicados cada fin de semana, con reiteradas afirmaciones de que “la
reelección va como quiera”, por vía de la compra de votos para una
asamblea revisora de la Constitución, o bajo alegato de que se viola el
derecho de Danilo Medina, la reacción ante el dictamen del TSE
constituye una escalada que deja en jaque la institucionalidad
democrática.
Obliga a otra convención
La sentencia es un grave tropiezo para la autocracia impuesta en el
PRD por el actual canciller de la República Miguel Vargas, desde que
inició su alianza con el PLD, primero con el presidente Leonel
Fernández, y luego con el actual mandatario, pero no es catastrófica en
sí misma, pues la situación tiene una salida, que no es desafiar un
tribunal que, según el artículo 214 de la Constitución “es el órgano
competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los
asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que
surjan a lo interno de los partidos”. Carece de legalidad la reacción de
que la dirección sigue en funciones.
Los dirigentes afectados pueden volver al TC, pero ahora es difícil que
puedan objetar la nueva sentencia, fundada en los estatutos del PRD y en
principios constitucionales y legales. Pero también es un camino largo,
que obligaría a audiencias y consumiría las siete semanas que faltan
para el plazo del 7 de junio en que, según la Ley de Partidos, deberán
hacerse las reservas de hasta el 20 por ciento de las candidaturas para
alianzas en los comicios del próximo año. Sin autoridad legítima eso no
será viable. Lo procedente sería convocar otra vez el CEN para que
decida una nueva convención al menos para elegir los dirigentes. Ahora
tendría que ser acorde con el artículo 18, numeral 6 de la Ley Electoral
15-19, que establece la responsabilidad de la JCE, de “organizar,
administrar, supervisar y arbitrar, conjuntamente con los partidos” la
elección de candidatos y dirigentes. No podrán impedir a tiros la
votación de los persistentes disidentes encabezados por Guido Gómez
Mazara, quien competía por la presidencia, como ocurrió en la convención
de marzo del 2014 que “reeligió” a Vargas y los suyos, pese a lo cual
fue reconocido por los entonces titulares del TSE. Mientras tanto se
asume que la JCE no podrá entregar los 25 millones de pesos mensuales
que este año corresponderían al PRD, lo que ya fue objetado formalmente
por los disidentes.