NACIONAL
SANTO DOMINGO. Más de 15 organizaciones de la vida nacional acogieron
el lema de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios
(Confenagro) de que “Sin producción no hay nación” en el marco de la
firma por la Alianza Empresarial por la Producción Nacional, en busca de
impulsar las transformaciones que necesita la República Dominicana para
elevar sus niveles de competitividad en los mercados internacionales.
A
través del documento presentado, plantean que buscan, además de los
Pactos Eléctrico y Fiscal, un Pacto Económico y Social por la Producción
Nacional que contemple la disminución de las tasas impositivas; la
implementación de una Ley de Responsabilidad Fiscal; una reglamentación
especial en materia laboral para el caso de las micro-empresas; la
redefinición del andamiaje actual del sistema de pensiones; y, un marco
de políticas públicas favorables a la producción nacional.
Asimismo,
impulsar la reorganización de todas las instituciones del Estado como
parte de una reingeniería integral del gasto público para eliminar
instituciones inoperantes, fusionar entre sí las agencias cuyas misiones
son complementarias, y transparentar el costo real de la nómina del
Estado.
Además, el documento: declaración de la Primera Cumbre
por la Producción Nacional, que contiene 18 puntos o propuestas, indica
que se debe impulsar, desde la Banca Estatal y la Privada, una política
de disminución de los altos costos de intermediación financiera, para de
este modo lograr una reducción significativa de las tasas de interés a
niveles comparables con los países con los cuales compiten los
productores dominicanos.
Los industriales explican que se debe
alcanzar un Pacto Político e Institucional, a través de una gran
concertación nacional para lograr una auténtica separación de poderes e
instaurar una verdadera independencia del Ministerio Público, de la
Suprema Corte de Justicia, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central
Electoral, del Tribunal Superior Electoral, del Defensor del Pueblo y de
las distintas Superintendencias.
Agrega que proponen castigar de
manera contundente a los culpables de los casos de corrupción en
proceso y pendientes, así como declarar la guerra total a la corrupción y
a la impunidad, con el fin de restablecer la necesaria confianza entre
todos los estamentos de la sociedad dominicana.
Sugieren que se
debe modificar la Ley de Hidrocarburos y eliminar todas las resoluciones
que han elevado los impuestos a los combustibles, transparentar el
otorgamiento de subsidios, y facilitar la transición ecológica a los
pequeños empresarios del transporte, de modo que, en coordinación con la
política de transporte estatal puedan formalizarse, mejorar sus niveles
de productividad y brindar un servicio más cómodo, más eficiente y más
económico.
Declaración de la Primera Cumbre por la producción nacional
La Alianza Empresarial por la Producción Nacional (la ALIANZA), en ocasión de la celebración de su Primera Cumbre por la Producción Nacional: “Propuestas de Políticas Públicas para Relanzar el Sector Productivo de la República Dominicana”,
realizada el 2 de diciembre del año 2018, con la participación de
representantes de todas las organizaciones que la conforman, emite la
siguiente DECLARACIÓN:
CONSIDERANDO PRIMERO: Que la ALIANZA,
a través de todas las organizaciones que la conforman, ha decidido la
realización de esta Primera Cumbre para unificar la visión de nuestros
gremios en pro de una agenda de relanzamiento de todos los sectores
productivos de la República Dominicana.
CONSIDERANDO SEGUNDO: Que la Constitución en su Artículo 218 establece que “(...)
el Estado procurará, junto al sector privado, un crecimiento
equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de precios,
tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar social”.
CONSIDERANDO TERCERO:
Que los crecientes niveles de inseguridad ciudadana y jurídica,
combinados con los casos de corrupción e impunidad, están causando
graves impactos sociales, culturales, políticos y económicos.
CONSIDERANDO CUARTO:
Que, por su considerable capacidad de generación de empleos, los
encadenamientos productivos entre la agricultura y la industria local,
con los sectores zona franca, turismo y comercio son vectores
fundamentales para alcanzar las metas de crecimiento sostenible e
incluyente trazadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
CONSIDERANDO QUINTO:
Que los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por la República
Dominicana han permitido la entrada masiva y maliciosa de bienes
importados que han desplazado la producción nacional, lo que ha
provocado la destrucción de muchos empleos rurales, el deterioro
profundo de la balanza comercial y la dramática pérdida de
competitividad de los sectores productivos.
CONSIDERANDO SEXTO: Que, a pesar de haberse declarado el 2018 como “Año del Fomento a las Exportaciones”,
no se ha logrado un marco de políticas más favorables en materia de
competitividad, para que los productores dominicanos puedan aprovechar
plenamente los grandes mercados de exportación cuyo acceso permiten los
Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por la República Dominicana.
CONSIDERANDO SEPTIMO:
Que el recién establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales con
la República Popular de China representa un desafío histórico para los
sectores productivos de la República Dominicana, con amenazas muy
concretas, pero también reales oportunidades de crecimiento.
CONSIDERANDO OCTAVO: Que,
además de que la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, en sus
artículos 35 y 36, manda a que las fuerzas políticas, económicas y
sociales firmen un pacto eléctrico y un pacto fiscal, se requieren otros
pactos de carácter social, político y económico que esta Alianza
presentará.
CONSIDERANDO NOVENO: Que la crisis permanente
del sector eléctrico genera altos costos operativos y pérdidas de
competitividad a los sectores productivos de la República Dominicana, lo
que obliga a redefinir niveles de compromiso con mayor transparencia
para posibilitar la firma de un Pacto Eléctrico mejorado.
CONSIDERANDO DÉCIMO:
Que las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) requieren de un
tratamiento tributario más justo y mejor adaptado a las realidades de
este sector, y que les permita facilitar su formalización y lograr
sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo.
CONSIDERANDO DECIMOPRIMERO:
Que la excesiva concentración de los mercados, relacionada a
situaciones de monopolio y oligopolio, genera grandes distorsiones en
una economía de mercado como la de la República Dominicana, en violación
de lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley 42-08
sobre la Defensa de la Competencia.
CONSIDERANDO DECIMOSEGUNDO:
Que la Ley 16-92 que aprobó el Código Laboral necesita urgentes
actualizaciones para modernizar el mercado laboral, y acelerar la
creación de empleos formales en un ámbito de competitividad y
flexibilidad, siempre respetando los derechos adquiridos de los
trabajadores y trabajadoras.
CONSIDERANDO DECIMOTERCERO:
Que la Ley 87-01 que creó el Sistema dominicano de seguridad social no
garantiza pensiones dignas a los afiliados, ni tampoco ha permitido el
financiamiento a largo plazo de las actividades productivas, lo que
obliga a repensar completamente el andamiaje vigente de los Fondos de
Pensiones.
CONSIDERANDO DECIMOCUARTO: Que las graves
distorsiones del mercado de hidrocarburos, y los exagerados impuestos
que gravan a los combustibles han generado niveles de sobreprecios
insoportables, muy por encima de los países de Centroamérica con los
cuales los productores dominicanos deben de competir.
CONSIDERANDO DECIMOQUINTO:
Que la combinación de altos costos y baja calidad en el Sistema de
Transporte de carga constituye uno de los problemas que mayor impacto
negativo tiene en la productividad de las empresas.
CONSIDERANDO DECIMOSEXTO:
Que, dentro de los problemas enfrentados por las MIPYMES dominicanas,
el acceso al crédito formal en condiciones financieras más favorables
sigue siendo uno de los principales obstáculos a la mejora de los
incipientes niveles de competitividad de la mayoría de las MIPYMES.
CONSIDERANDO DECIMOSEPTIMO:
Que, a pesar de ser asunto de seguridad nacional además de un objetivo
constitucional, la Seguridad Alimentaria se ve todavía afectada por la
ausencia de políticas públicas que respalden el enorme potencial
agropecuario y agroexportador del país como pilar del desarrollo
económico y social de la República Dominicana.
VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el trece (13) de junio de 2015.
VISTA: La Ley No. 1-12, de fecha veinticinco (25) de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
VISTA: La Ley No. 8-90, de fecha quince (15) de enero de 1990, sobre Fomento de Zonas Francas.
VISTA: La Ley No. 11-92, de fecha dieciséis (16) de mayo de 1992, que aprueba el Código Tributario.
VISTA: La Ley No. 16-92, de fecha veintinueve (29) de mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo.
VISTA: La Ley No. 16-95, de fecha veinte (20) de noviembre de 1995, sobre la Inversión Extranjera.
VISTA: La Ley No. 64-00, de fecha dieciocho (18) de agosto de 2000, sobre Medioambiente y Recursos Naturales.
VISTA: La Ley No. 87-01, de fecha nueve (9) de mayo de 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
VISTA:
La Ley No. 98-03, de fecha diecisiete (17) de junio de 2003, que crea
el Centro Dominicano de Promoción de Inversiones de la República
Dominicana.
VISTA: La Ley No. 392-07, de fecha cuatro (4) de diciembre de 2007, sobre Competitividad e Innovación Industrial.
VISTA: La Ley No. 42-08, de fecha veinticinco (25) de enero de 2008, sobre la Defensa de la Competencia.
VISTA:
La Ley No. 488-08, de fecha diecinueve (19) de diciembre de 2008, que
establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), y su modificación
mediante la Ley No. 187-17 que fija la clasificación de las MIPYMES y su
registro empresarial.
VISTA: La Ley No. 688-16 de
Emprendimiento, de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2016, que crea
el marco regulatorio para, mediante el establecimiento de incentivos y
la eliminación de obstáculos, promover la creación de emprendimientos
formales que puedan desarrollarse en el mercado nacional e
internacional.
VISTA: La Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de fecha veinticuatro (24) de febrero de 2017.
VISTA:
La Resolución No. 38-01, de fecha veintiocho (28) de febrero de 2001,
que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana y
la Comunidad del Caribe (CARICOM).
VISTA: La Resolución
No. 63-01, de fecha dos (2) de abril de 2001, que aprueba el Tratado
Marco de Libre Comercio con Centroamérica (TLCARD), sus Protocolos y sus
Addéndums.
VISTA: La Resolución No. 357-05, de fecha
nueve (9) de septiembre de 2005, que aprueba el Tratado de Libre
Comercio (DRCAFTA) suscrito entre la República Dominicana-Centroamérica y
los Estados Unidos de América.
VISTA: La Resolución No.
453-08, de fecha veintisiete (27) de octubre de 2008, que aprueba el
Acuerdo de Asociación Económica entre los estados del CARIFORUM, por una
parte, y la Comunidad Europea y sus estados miembros, por otra parte.
VISTO: El Decreto 389-17 que crea el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
VISTO: El Decreto 437-17 que declara el año 2018 como “Año del Fomento a las Exportaciones”.
Por tanto, la ALIANZA PROPONE:
PRIMERO:
Concertar, además de los Pactos Eléctrico y Fiscal, un Pacto Económico y
Social por la Producción Nacional que contemple: la disminución de las
tasas impositivas; la implementación de una Ley de Responsabilidad
Fiscal; una reglamentación especial en materia laboral para el caso de
las micro-empresas; la redefinición del andamiaje actual del sistema de
pensiones; y, un marco de políticas públicas favorables a la producción
nacional.
SEGUNDO: Implementar un Sistema Simplificado de
Tributación, para sustituir los onerosos cobros de anticipo de impuesto
sobre la renta presunta y de pago del impuesto mínimo sobre los activos,
por un sistema que combine pagos de mono-tributos con mecanismos de
retenciones en la fuente por parte de los suplidores de bienes y
servicios, liberando así a los pequeños contribuyentes de las múltiples y
engorrosas declaraciones mensuales.
TERCERO: Otorgar una
amnistía fiscal lo más amplia posible, como parte de un plan integral de
formalización y transparentización de la economía, para permitir a los
micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias regularizar su
situación de cara a los tributos y la seguridad social.
CUARTO:
Revisar y simplificar el organigrama de todas las instituciones del
Estado, como parte de una reingeniería integral del gasto público, para
eliminar instituciones inoperantes, fusionar entre sí las agencias cuyas
misiones son complementarias, y transparentar el costo real de la
nómina del Estado.
QUINTO: Implementar una estrategia
agresiva de reducción de la deuda pública, de modo que el Estado pueda
recobrar su capacidad de invertir en la provisión de bienes públicos,
más especialmente en materia de educación y de salud pública, para
reducir la brecha social y mejorar la competitividad de las empresas.
SEXTO:
Impulsar, desde la Banca Estatal y la Privada, una política de
disminución de los altos costos de intermediación financiera, para de
este modo lograr una reducción significativa de las tasas de interés a
niveles comparables con los países con los cuales compiten los
productores dominicanos.
SEPTIMO: Crear sistemas
innovadores de garantías, y revisar las reglas actuales de calificación
de riesgos, para facilitar y ampliar el acceso al crédito a todas las
empresas.
OCTAVO: Alcanzar un Pacto Político e
Institucional, a través de una gran concertación nacional, para lograr
una auténtica separación de poderes, e instaurar una verdadera
independencia del Ministerio Público, de la Suprema Corte de Justicia,
de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, del Tribunal
Suprema Electoral, del Defensor del Pueblo y de las distintas
Superintendencias.
NOVENO: Castigar de manera contundente a
los culpables de los casos de corrupción en proceso y pendientes, así
como declarar la guerra total a la corrupción y a la impunidad, con el
fin de restablecer la necesaria confianza entre todos los estamentos de
la sociedad dominicana.
DECIMO: Elaborar políticas que
permitan reducir drásticamente los crecientes niveles de delincuencia,
criminalidad y violencia de género, a través de la mejora de los niveles
de salario y capacitación de los policías y militares, después de un
profundo proceso de depuración de los organismos de seguridad y una
verdadera reforma de la Policía Nacional.
DECIMOPRIMERO:
Instaurar mecanismos permanentes de evaluación transparente de desempeño
y rendición de cuentas para todos los actores públicos y privados del
sector energético, incluyendo los sub-sectores de la electricidad y de
los combustibles, en beneficio de la población y del desarrollo
sostenible de la economía.
DECIMOSEGUNDO: Modificar la Ley
de Hidrocarburos y eliminar todas las resoluciones que han elevado los
impuestos a los combustibles, transparentar el otorgamiento de
subsidios, y facilitar la transición ecológica a los pequeños
empresarios del transporte, de modo que, en coordinación con la política
de transporte estatal, puedan formalizarse, mejorar sus niveles de
productividad y brindar un servicio más cómodo, más eficiente y más
económico.
DECIMOTERCERO: Construir una estrategia de
corto, mediano y largo plazo, con la inclusión de todos los sectores
alrededor de encadenamientos productivos y comerciales, para aprovechar
mejor los grandes mercados de exportación cuyo acceso nos permiten los
Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por el país, y el
establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular de
China.
DECIMOCUARTO: Colocar en el centro de la agenda de desarrollo una alianza público-privada que priorice un Plan de Aceleración Productiva
basado en ampliar y modernizar las capacidades de producción y
exportación de la agropecuaria y la manufactura local, de modo que se
alcance la seguridad alimentaria de los dominicanos, y se generen
empleos formales y dignos en todo el territorio nacional.
DECIMOQUINTO:
Solicitar al Poder Ejecutivo la integración de representantes de la
“Alianza Empresarial por la Producción Nacional” en el Consejo
Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y en el Consejo
Económico y Social (CES).
DECIMOSEXTO: Iniciar un proceso
participativo para la elaboración de una Estrategia Nacional de
Desarrollo Agropecuario 2020-2030, tal como está sugerido en la Ley de
Estrategia Nacional de Desarrollo, de modo que nuevas políticas públicas
sectoriales den una mejor coherencia a las acciones del Estado en pro
del desarrollo sostenible del campo dominicano.
DECIMOSEPTIMO:
Cumplir a cabalidad lo establecido en la Ley General sobre
Medioambiente y Recursos Naturales, y elaborar un Pacto por el
Medioambiente que comprenda una política nacional de sostenibilidad
ambiental que alcance a todos los sectores productivos de la República
Dominicana.
DECIMOOCTAVO: Que todas las organizaciones signatarias de esta Proclama asumen el compromiso con este Plan de Aceleración Productiva
con criterios de sostenibilidad económica, financiera, social y
medioambiental, de modo que el crecimiento económico permita finalmente
que, tal como lo menciona la visión de la Estrategia Nacional de
Desarrollo, la República Dominicana sea “(...) un país próspero,
donde las personas viven dignamente (...) y con igualdad de
oportunidades, y (...) que gestiona y aprovecha sus recursos para
desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente
equilibrada e integrada (...) y se inserta competitivamente en la
economía global”.
Dado en Santo Domingo, a los dos (2) días del mes de diciembre del año 2018.
FUENTE: DIARIO LIBRE
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