SANTO
DOMINGO. El próximo martes, el juez de la Instrucción Especial de la
Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, conocerá tres
incidentes planteados por los imputados por el caso Odebrecht, Víctor
Díaz Rúa, Jesús –Chu- Vásquez y el senador Tommy Galán Grullón.
Ortega Polanco difirió para la audiencia preliminar la instancia en la que Tommy Galán pide ordenar a la Procuraduría General de la República, introducir al proceso penal los autos del archivo provisional dictado en favor de César Sánchez, Bernardo Castellanos, Temístocles Montás; el senador Julio César Valentín; Máximo De Oleo; el diputado Alfredo Pacheco; Radhamés Segura y Ruddy González, quienes en principio eran también imputados por los sobornos pagados por la multinacional.
“La resolución que decide el archivo provisional a favor de varios imputados, si bien la consideramos justa y dispuesta dentro de las conferidas al Ministerio Público, por el artículo 281, citado, ello no libera de ser un acto del proceso, resolutivo, y por tanto, atado a él con todas sus consecuencias que de ello pueda derivarse, incluyendo su motivación y por ende sujeción al principio de razonabilidad", establece la instancia.
“Ello incluye que el beneficiado por el archivo no podrá ser perseguido por los mismos hechos una vez el archivo sea definitivo, pero también el hecho de que los demás encartados y el tribunal tengan acceso a la resolución y específicamente a sus motivaciones, a los fines de que pueda ser derivado cualquier tipo de elemento que pueda derivarse del proceso en general, y especialmente a los medios de defensa de los encartados no beneficiados”, dice en la solicitud.
El exsenador Chú Vásquez, también remitió una instancia contra el Ministerio Público. Pide que sea puesto a su disposición, “sin reserva alguna, el universo de las pruebas reunidas durante su investigación y que sean distintas a las que acompañan su acto conclusivo presentado en fecha 7 de junio del 2018”.
En tanto que Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, pide que sea declinado el caso al juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional para que proceda como establece la ley porque al imputado no le corresponde privilegio de jurisdicción y declarar su incompetencia para conocer la solicitud de apertura a juicio contra su defendido.
Ortega Polanco difirió para la audiencia preliminar la instancia en la que Tommy Galán pide ordenar a la Procuraduría General de la República, introducir al proceso penal los autos del archivo provisional dictado en favor de César Sánchez, Bernardo Castellanos, Temístocles Montás; el senador Julio César Valentín; Máximo De Oleo; el diputado Alfredo Pacheco; Radhamés Segura y Ruddy González, quienes en principio eran también imputados por los sobornos pagados por la multinacional.
“La resolución que decide el archivo provisional a favor de varios imputados, si bien la consideramos justa y dispuesta dentro de las conferidas al Ministerio Público, por el artículo 281, citado, ello no libera de ser un acto del proceso, resolutivo, y por tanto, atado a él con todas sus consecuencias que de ello pueda derivarse, incluyendo su motivación y por ende sujeción al principio de razonabilidad", establece la instancia.
“Ello incluye que el beneficiado por el archivo no podrá ser perseguido por los mismos hechos una vez el archivo sea definitivo, pero también el hecho de que los demás encartados y el tribunal tengan acceso a la resolución y específicamente a sus motivaciones, a los fines de que pueda ser derivado cualquier tipo de elemento que pueda derivarse del proceso en general, y especialmente a los medios de defensa de los encartados no beneficiados”, dice en la solicitud.
El exsenador Chú Vásquez, también remitió una instancia contra el Ministerio Público. Pide que sea puesto a su disposición, “sin reserva alguna, el universo de las pruebas reunidas durante su investigación y que sean distintas a las que acompañan su acto conclusivo presentado en fecha 7 de junio del 2018”.
En tanto que Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, pide que sea declinado el caso al juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional para que proceda como establece la ley porque al imputado no le corresponde privilegio de jurisdicción y declarar su incompetencia para conocer la solicitud de apertura a juicio contra su defendido.
DIARIO LIBRE
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