SANTO DOMINGO.
Aunque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó a Francisco
Ortega Polanco para continuar con la instrucción del caso Odebrecht, el
panorama no está completamente claro aún. Ortega Polanco deberá también
decir si quiere seguir o desea que otro juez se encargue de enviar a
juicio de fondo o dar un auto de No Ha Lugar.
El magistrado que omitió dar su opinión en el informe sobre la recusación que le hicieron Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista y Conrado Pittaluga Arzeno, está obligado a decir si acepta o rechaza la inhibición que le solicitó Bautista García en virtud de que él ya conoció la fase previa a la solicitud de envío a juicio.
Deberá decidir, si se reanuda la audiencia fijada para este viernes 6 de julio, misma que había sido notificada a los imputados Rondón Rijo, Bautista García, Pittaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa, Juan Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez pero sobreseída debido a los recursos interpuestos por cuatro de los procesados.
Además de recusarlo en el caso, el expresidente del Senado y del Partido Revolucionario Moderno, le solicitó al propio magistrado inhibirse porque “durante esta etapa ha tenido una participación constante en cada una de las cuestiones que le fueron sometidas a su conocimiento e incluso teniendo en su haber pruebas o evidencias propias del proceso, lo que necesariamente entraña la formación de un juicio en torno al caso”.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, también debe pronunciarse sobre el recurso de oposición fuera de audiencia que interpuso el exministro de Obras Públicas, Díaz Rúa, así como el recurso de reconsideración de Andrés Bautista al auto de designación que hizo, pese a que ya el Pleno rechazó con disidencia y abstención, las recusaciones.
“Lo anterior nos lleva a plantear el notorio peligro en que se encuentra la imparcialidad del juez que ha sido designado por usted en calidad de la Suprema Corte”, señala Bautista García en su escrito de reconsideración.
Díaz Rúa, cita en su instancia que Germán Mejía con la designación de Ortega viola un precedente del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Penal.
“El Tribunal Constitucional Dominicano en la sentencia núm. TC/0483/15 del 5 de noviembre de 2015, interpretó el alcance del derecho al debido proceso en un caso similar a la especie. En dicho caso, se discutió la imparcialidad de una de las juezas que formó parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la deliberación y fallo del recurso de casación, habiendo conocido el mismo expediente en la fase previa de la apelación”, refiere en la instancia.
Un día antes de que el Pleno conociera las recusaciones la Procuraduría General de la República, a través de Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), lanzó serias advertencias a los jueces, afirmando que si aceptaban las recusaciones crearían un caos y descalabro judicial porque se buscarían magistrados favorables a los imputados.
“En caso de que la Suprema Corte de Justicia acoja dichas recusaciones bajo el alegato jurídico de que el juez Ortega Polanco tiene conocimiento previo del expediente, por haber participado en la medida de coerción, esto crearía un descalabro y un caos judicial en el sentido de que estaría imposibilitándose también la designación de otro juez que hubiese conocido o participado previamente en esta etapa preliminar”, refirió en rueda de prensa.
“Entiéndase, que quedarían incluidos también, todos y por igual, los jueces de la Segunda Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Hiroito Reyes, Miriam Germán, Esther Angelán Casanova, Frank Soto y el señor Alejandro Moscoso, entiéndase que en ese sentido nos quedaríamos prácticamente con jueces que no sabríamos quiénes serían y posiblemente se buscarían que fueran jueces favorables a la coyuntura de los imputados”, puntualizó Guerrero Pelletier.
Llamó a la población a estar atenta de las actuaciones de los jueces, los imputados y sus abogados.
El magistrado que omitió dar su opinión en el informe sobre la recusación que le hicieron Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista y Conrado Pittaluga Arzeno, está obligado a decir si acepta o rechaza la inhibición que le solicitó Bautista García en virtud de que él ya conoció la fase previa a la solicitud de envío a juicio.
Deberá decidir, si se reanuda la audiencia fijada para este viernes 6 de julio, misma que había sido notificada a los imputados Rondón Rijo, Bautista García, Pittaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa, Juan Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez pero sobreseída debido a los recursos interpuestos por cuatro de los procesados.
Además de recusarlo en el caso, el expresidente del Senado y del Partido Revolucionario Moderno, le solicitó al propio magistrado inhibirse porque “durante esta etapa ha tenido una participación constante en cada una de las cuestiones que le fueron sometidas a su conocimiento e incluso teniendo en su haber pruebas o evidencias propias del proceso, lo que necesariamente entraña la formación de un juicio en torno al caso”.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, también debe pronunciarse sobre el recurso de oposición fuera de audiencia que interpuso el exministro de Obras Públicas, Díaz Rúa, así como el recurso de reconsideración de Andrés Bautista al auto de designación que hizo, pese a que ya el Pleno rechazó con disidencia y abstención, las recusaciones.
“Lo anterior nos lleva a plantear el notorio peligro en que se encuentra la imparcialidad del juez que ha sido designado por usted en calidad de la Suprema Corte”, señala Bautista García en su escrito de reconsideración.
Díaz Rúa, cita en su instancia que Germán Mejía con la designación de Ortega viola un precedente del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Penal.
“El Tribunal Constitucional Dominicano en la sentencia núm. TC/0483/15 del 5 de noviembre de 2015, interpretó el alcance del derecho al debido proceso en un caso similar a la especie. En dicho caso, se discutió la imparcialidad de una de las juezas que formó parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la deliberación y fallo del recurso de casación, habiendo conocido el mismo expediente en la fase previa de la apelación”, refiere en la instancia.
Un día antes de que el Pleno conociera las recusaciones la Procuraduría General de la República, a través de Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), lanzó serias advertencias a los jueces, afirmando que si aceptaban las recusaciones crearían un caos y descalabro judicial porque se buscarían magistrados favorables a los imputados.
“En caso de que la Suprema Corte de Justicia acoja dichas recusaciones bajo el alegato jurídico de que el juez Ortega Polanco tiene conocimiento previo del expediente, por haber participado en la medida de coerción, esto crearía un descalabro y un caos judicial en el sentido de que estaría imposibilitándose también la designación de otro juez que hubiese conocido o participado previamente en esta etapa preliminar”, refirió en rueda de prensa.
“Entiéndase, que quedarían incluidos también, todos y por igual, los jueces de la Segunda Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Hiroito Reyes, Miriam Germán, Esther Angelán Casanova, Frank Soto y el señor Alejandro Moscoso, entiéndase que en ese sentido nos quedaríamos prácticamente con jueces que no sabríamos quiénes serían y posiblemente se buscarían que fueran jueces favorables a la coyuntura de los imputados”, puntualizó Guerrero Pelletier.
Llamó a la población a estar atenta de las actuaciones de los jueces, los imputados y sus abogados.
Corrupción crea jurisprudencia
El
Ministerio Público no solo dijo que la Suprema buscaría jueces
favorables a los imputados, también que, en los casos de corrupción, el
sistema penal no se comporta como en casos ordinarios y crea
jurisprudencias especiales. “Ustedes entienden perfectamente que el
sistema penal dominicano, es un sistema que en esos casos de corrupción
muchas veces no se comporta como en los casos ordinarios, en esos casos
vemos como se crean jurisprudencias especiales y como hay decisiones que
son contrarias a las decisiones ordinarias”, dijo Guerrero.
DIARIO LIBRE
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