POR EL NUEVO DIARIO
SANTO DOMINGO, – La Fiscalía de La Altagracia informó este miércoles que solicitará la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un agente de la Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana, a quien se le imputa la violación sexual de una adolescente haitiana de 14 años ocurrida en medio de un operativo contra indocumentados en la localidad de Verón, en Punta Cana
El Ministerio Público depositará la solicitud de la medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción contra el alistado Paulino de la Cruz, por los hechos cometidos en contra de la menor de edad, de quien se omite su nombre para cuidar de sus derechos fundamentales.
De la Cruz penetró en la residencia de la víctima y se aprovechó de que la misma esta estaba sola para cometer el hecho en contra de la menor de edad.
El alistado formaba parte de un equipo de la Dirección General de Migración (DGM) que realizaba un operativo de búsqueda de haitianos indocumentados en una comunidad cercana a Punta Cana, provincia de La Altagracia.
El Ministerio Público, que inició la investigación del hecho, encabezada por los fiscales Hendrich Ramírez, Silveria Poueriet, Ronny Mercedes y Rocío García, tras la denuncia realizada por la madre de la menor, en su expediente imputa provisionalmente a Paulino de la Cruz, la falta a los artículos 330 y 331del Código Penal Dominicano, que castigan la violación sexual.
El caso ha causado indignación en el país y el presidente Luis Abinader dijo el lunes pasado que la acción es un «abuso incalificable».
«Es un hecho bochornoso y se aplicará todo el peso de la ley (…). Es un abuso incalificable, no importa que sea haitiana, ni que sea dominicana. El Ministerio Público especializado está investigando esto», dijo Abinader en su rueda de prensa de los lunes desde el Palacio Nacional.
Aseguró que la persona culpable de los hechos pagará por esto, sin importar quién sea ni el cargo que ostente.
La violación de la menor habría ocurrido en la madrugada del 5 de abril, cuando agentes de la DGM irrumpieron en la vivienda donde vive la adolescente, dentro de un operativo dirigido a apresar haitianos indocumentados.
Los padres de la joven no se encontraban en la vivienda cuando se produjeron los hechos, que han sido condenados también por la Cancillería dominicana y por el Gobierno haitiano.
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