En una carta abierta dirigida
al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader y a otras
instituciones estatales, Amnistía Internacional, junto con
organizaciones de derechos humanos dominicanas, solicitó poner fin a las
violaciones de derechos humanos hacia personas haitianas, dominicanas
de ascendencia haitiana y personas negras en la implementación de
políticas migratorias de facto racistas, que se implementan con
base en discriminación racial y generan efectos discriminatorios para
la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.
“El
propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250,000
personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad
de protección internacional. Estas expulsiones colectivas son una clara
violación de las obligaciones internacionales de la República
Dominicana y, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas.
Los retornos forzados a Haití deben cesar”, dijo Ana Piquer, directora
para las Américas de Amnistía Internacional.
“La
drástica decisión del gobierno de suspender todas las formas legales
para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país
ha traídos consecuencias significativas, afectando a familias, que ahora
se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación
de incertidumbre migratoria”.
«En este momento crucial, es imperativo que la República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Ana Piquer
En
la carta, Amnistía Internacional y las organizaciones firmantes
destacaron que la exclusión de personas negras de origen haitiano y
dominicano es el resultado de un conjunto de políticas migratorias
discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas
de personas haitianas, incluyendo niños, niñas y mujeres embarazadas y
puérperas. Las organizaciones llaman a las autoridades a que
urgentemente aseguren que las personas haitianas tienen acceso a
procedimientos de asilo, sin discriminación, y a reanudar las vías
legales de entrada y permanencia de personas trabajadoras, estudiantes,
familiares, solicitantes de asilo y migrantes que buscan una residencia
legal en el país.
Amnistía Internacional también pidió a las
autoridades investigar las denuncias de violencia racista y otras
violaciones de derechos humanos cometidas por agentes migratorios,
policías y fuerzas armadas; abstenerse de detener y deportar mujeres
embarazadas, niños y niñas y personas dominicanas de ascendencia
haitiana, así como garantizar el derecho a defender los derechos
humanos.
“Tenemos información de actos graves que habrían sido
cometidos por funcionarios estatales dominicanos, contra la dignidad e
integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de
ascendencia haitiana afectadas por prácticas racistas. En vez de
proteger a estas personas del acoso, estigmatización y amenazas, las
autoridades dominicanas han favorecido discursos y políticas que
discriminan en su contra”, dijo Ana Piquer.
“En este momento
crucial, es imperativo que la República Dominicana se comprometa a
construir una sociedad antirracista, donde los derechos humanos de todas
las personas, independientemente de su nacionalidad, el origen de sus
antepasados o su estatus migratorio, sean plenamente respetados y
protegidos”.
0 Comentarios