La magistrada Yeni Berenice Reynoso expresó ayer que el tribunal rechazó todos los incidentes que había planteado la barra de la defensa de los implicados en el caso Calamar.
“El tribunal rechazó todos los incidentes que habían planteado la barra de la defensa, los pedimentos de nulidades, de exclusión, de no valoración de los testigos, todos esos pedimentos fueron rechazados por el tribunal”, expresó la directora de Persecución del Ministerio Público.
Según la procuradora adjunta, la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, declaró la complejidad del proceso al aceptar que “esto es un caso complejo y propio de la criminalidad organizada”.
Igualmente, Yeni Berenice manifestó que el tribunal rechazó que la etapa de investigación estuviera concluida y tampoco accedió a ninguna de las solicitudes de puesta en libertad pura y simple, presentadas por los representantes legales de los encartados.
Cabe señalar que de los 20 imputados en el caso, solo el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, cumplirán 18 meses de prisión preventiva. Solo dos de los seis que solicitó el órgano persecutor.
Mientras que Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, y los otros imputados estarán bajo arresto domiciliario, y/o cumplirán con otras medidas como impedimento de salida, garantía económica y presentación periódica.
“La decisión del tribunal evidentemente corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público de la seriedad y la contundencia de esta investigación”, agregó.
El caso de la “Operación Calamar” salió a la luz tras la puesta en vigor de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Como consecuencia, realizaron 40 allanamientos en el inicio de los arrestos, distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.
Según el Ministerio Público, participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un equipo de apoyo administrativo.
Son acusados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña política.
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