SANTO DOMINGO.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la prisión preventiva a Fernando Rosa, uno de los imputados del entramado de corrupción develado mediante la Operación Antipulpo.
La información la dio a conocer el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, quien a su salida de la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción indicó que no hay razón jurídica para que la medida cautelar se varíe.
Fernando Rosa cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El Ministerio Público acusa a Rosa de formar parte del entramado de corrupción que dirigió Juan Alexis Medina Sánchez, también con prisión preventiva, quien estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías enfrentan cargos en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.
En el caso además está involucrada Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fonper para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Alexis Medina.
También, el caso se sigue contra Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
El pasado 1 de agosto, por su vinculación al caso, el juez Peguero impuso medidas de coerción a Carlos Montes de Oca, quien recibió prisión preventiva por tres meses para cumplirla en el CCR Najayo Hombres, y Paola Mercedes Suazo, a quien le impuso garantía económica, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país.
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