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MP solicita cierre de granja, pide embargo y juicio por contaminación


 

El Ministerio Público solicitó ayer el cierre, embargo retentivo de cuentas bancarias y envío a juicio de una empresa que opera granjas porcinas en Moca, por contaminar los ríos Limón, Blanco o Arroyo Grande y Jamao al Norte de la provincia Espaillat.

Las medidas solicitadas al juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Espaillat son contra el Proyecto L.B, SRL, y de su gerente Luis Manuel Brache Guzmán.

La audiencia para conocer de la acusación y las medidas solicitadas por la Procuraduría Especializada en la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), fue agendada para el próximo 27 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

La procuradora de Corte Milagros García Grullón dijo que la empresa sometida por contaminación está ubicada en la comunidad Los Bueyes, del distrito municipal José Contreras, en Villa Trina.

Explicó que su propietario firmó con la Procuraduría de Medio Ambiente un acuerdo en el que se comprometió a adoptar una serie de medidas de protección ambiental y eliminar todas las tuberías de las granjas que drenan agua debajo de las lagunas de descargas; hacer operativos de limpieza y recoger plásticos, material peligroso, jeringas y frascos utilizados en la crianza y cuidado de los animales porcinos, y no cumplió.

Agregó que Brache Guzmán además tenía que solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la asignación de una empresa prestadora de servicios de mediación de calidad de aguas residuales salientes del proceso del biodigestor a la cañada; construir una cámara de descomposición de material orgánico, placentas y cerdos muertos para evitar que esos desechos llegaran a los ríos, y nada de eso hizo.

En consecuencia fue sometido porque violó las disposiciones establecidas en los artículos 86, 90 (numerales 1 y 2), 91, 122, 129, 174, 175 (párrafo I, numerales 1, 6 y 8) y 183 (numerales 1, 2, 5 y 11) de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).

“Hemos solicitado una medida de coerción real, en la que hemos pedido al tribunal el cierre del proyecto y el embargo de las cuentas bancarias, en virtud de que no han obtemperado ante el llamado del Ministerio Público”, dijo García Grullón.

 

 

 

 

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