martes, 16 de noviembre de 2021


 

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) fue apoderada ayer de las pruebas de un nuevo caso de presunta corrupción administrativa ocurrido en una institución estatal durante el gobierno de Luis Abinader.

Se trata de presuntas irregularidades cometidas por la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, y en la que también han vinculado al esposo de esta funcionaria, quien alegadamente tendría influencia en los procesos de compra de la institución.

De acuerdo con la denuncia, la ministra de la Juventud pretendía que dos compañías en específico (Inversiones Gretmon, SRL y Sketchprom, SRL) fueran seleccionadas en un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos por un valor de RD$3 millones, en franca violación a las normas de contrataciones públicas

Sin embargo, el Ministerio de la Juventud no ha empezado con buen pie en este Gobierno, ya que la ministra anterior, Kinsberly Taveras, tuvo que renunciar al cargo por denuncias de presunta corrupción. Cabe destacar que en la investigación que llega la Pepca contra Kinsberly Taveras también está bajo investigación su esposo, Juan Carlos Ventura.

Las autoridades los investigan por tráfico de influencia, debido a que las empresas de esta pareja suplían a varios ayuntamientos, en violación a la Ley Ley 340-06, de Compras y Contrataciones

Otro funcionario del Gobierno de Luis Abinader que está en el ojo público por presunta corrupción es Adán Peguero, quien fue suspendido de sus funciones luego de que salieran varias denuncias en su contra por alegados manejos irregulares de contratos en el Instituto Postal Dominicano (Inposdom). Supuestamente este habría realizado contratos cuestionados con la empresa Mía Cargo Group.

Otro escándalo de corrupción, aunque no es de carácter administrativo, es el supuesto tumbe de 400 kilos de cocaína en Barahona, donde hay un total de 15 agentes que fueron sometidos a la justicia y este martes les conocerán medida de coerción. Este caso ocurre cuando la institución trabaja para recobrar la confianza de la ciudadanía y en donde el Ejecutivo ha instruido para que se lleve cuando antes un proceso de transformación.