Dos personas ligadas al sector judicial y un experto en seguridad ciudadana coincidieron este martes en dudar que la compra de armas de fuego ilegales dentro del plan de Seguridad Ciudadana anunciada por el presidente Luis Abinader reducirá la violencia y el crimen en el país.
Hasta entienden que este plan lo que podría es incrementar el robo de armas de fuego, y se preguntan si serían liberados de sanciones, quien la posea ilegalmente y la venda.
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa; la directora de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República, Maura Martínez, y el experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou, observan que ese plan iría en contra de la persecución.
La reacción se produce tras el presidente Abinader plantear en el Palacio Nacional el lunes que a partir del seis de abril iniciará un programa de compra de armas ilegales en manos de civiles para reducir la violencia y el crimen en el país.
Subero Isa expresó que “sobre la compra de armas ilegales dentro del plan de seguridad ciudadana, me pregunto si las personas que poseen armas ilegales y voluntariamente las entregan serían liberados de las sanciones que conlleva portar un arma ilegalmente”.
La magistrada Martínez sostuvo que la compra de armas de fuego por parte del Gobierno incrementaría el robo de las mismas.
Proclamó “yo quiero pensar que a la información le hacen falta más datos, porque no se entiende en su totalidad, ya que de ser cierto incrementará el robo de las mismas”.
La magistrada refirió en tono enérgico: “Eso le legalizaría al antisocial su conducta delictiva y, peor aún, eso va en contra de nuestro espíritu de persecución en el momento que un antisocial venda un arma que sea un posible cuerpo de delito”.
Agregó: “Yo! como Ministerio Público no podré tener caso, cuando mi posible prueba fue vendida”.
Pou dijo que “posiblemente en el país deban existir más de 600 mil armas ilegales, entre armas de guerras, fusiles automáticos, metralletas, rifles y pistolas de diferentes calibres, y en fin toda una serie de recursos bélicos que no deben estar en manos de la población civil”.
Refirió que “muchas de esas armas han entrado el país por la frontera dominico-haitiana, compradas a través de actores del delito, y otras que eran herencia familiar de los abuelos y luego pasaron a los padres y después a los hijos sin el debido permiso”.
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