La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana saludaron la creación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas, el cual tendrá la misión de impulsar las normas y políticas de prevención de incumplimiento e irregularidades administrativas, conforme lo establece el decreto 36-21 emitido ayer por el Poder Ejecutivo.
“La institucionalidad democrática del país depende, en gran medida, de sus parámetros de transparencia en la gestión pública. La filosofía que se desprende desde programas de esta naturaleza apunta a la mejora continua de las instituciones, lo que implica el sostenimiento de los procesos implantados y la incorporación paulatina de otros nuevos a través de lo que se denomina ‘Nueva Gestión Pública’ ”, dijo en una opinión escrita el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños.
Sonia Díaz, coordinadora general de Participación Ciudadana, indicó que, de alguna manera, el Poder Ejecutivo detectó disparidad de criterios en las compras y contrataciones de las diferentes instituciones del Estado y con esta medida “está tratando de unificar criterios y tomar control del asunto”.
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