Recortes en el financiamiento a las escuelas, las vacunas infantiles y
los programas de capacitación laboral. Nuevos impuestos a los
millonarios, a los cigarrillos y a la marihuana legalizada. Solicitar
préstamos, sacar dinero de los fondos de emergencia y reducir el salario
de los empleados del gobierno.
Estas son algunas de las medidas
que los estados sopesan aplicar para apuntalar sus finanzas en medio de
la drástica caída de ingresos fiscales provocada por el desplome
económico a consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Después de
varios meses de estancamiento en el Congreso respecto a un nuevo paquete
de ayuda contra el coronavirus, muchos estados no han podido darse el
lujo de aguardar para ver si hay más recursos en camino. Algunos que han
postergado sus decisiones presupuestarias se sienten frustrados debido a
la incertidumbre.
El
Senado federal vuelve a sesionar el martes, ante lo cual algunos
gobernadores y legisladores estatales están volviendo a exhortar a que
se actúe sobre propuestas que podrían proveer cientos de miles de
millones de dólares adicionales a los gobiernos locales y estatales.
“Hay mucho en juego en el próximo paquete federal de
estímulos, y de hacerse mal, creo que podría ser catastrófico para
California”, dijo el asambleísta demócrata Phil Ting, presidente de la
Comisión Presupuestaria de la Asamblea.
El presupuesto que aprobó
el gobernador demócrata Gavin Newsom en junio pasado incluye 11.100
millones de dólares en recortes automáticos de gastos, y aplazamientos
que entrarán en vigor el 15 de octubre, a menos que el Congreso le envíe
al estado 14.000 millones de dólares en ayuda adicional. Las escuelas y
universidades públicas de California, y los salarios de los empleados
estatales, resultarían afectados.
En Michigan, las escuelas están
topándose con incertidumbre al comenzar el ciclo escolar debido a que
el estado carece de un presupuesto para el año fiscal que empieza el 1
de octubre.
Ryan McLeod, superintendente del distrito escolar de
Eastpointe, cerca de Detroit, señaló que intenta reabrir las clases
presenciales, pero los costos de proporcionarle un ambiente seguro a los
estudiantes 'son tremendos”.
“Realmente, la única respuesta es contar con asistencia federal”, comentó McLeod.
El
Congreso aprobó 150.000 millones de dólares para los gobiernos
estatales y locales en marzo. Ese monto estaba destinado a cubrir costos
relacionados con el coronavirus, no a compensar la reducción de
ingresos a consecuencia de la recesión.
Algunas autoridades
estatales, tales como el gobernador de Indiana, el republicano Eric
Holcomb, presionan para que haya mayor flexibilidad a la hora de gastar
los fondos que ya recibieron. Otros, como el gobernador de Ohio, el
republicano Mike DeWine, aseguran que se requiere mayor asistencia
federal, en especial para ayudar a las pequeñas empresas y cuerpos de
emergencia que trabajan en municipios con presupuestos ajustados.
A
mediados de mayo, la Cámara de Representantes votó para proporcionar
casi 1 billón de dólares en ayuda adicional para gobiernos locales y
estatales como parte de una extensa propuesta de apoyo. Pero el proyecto
ha quedado estancado en medio de los desacuerdos entre el gobierno del
presidente Donald Trump, los líderes republicanos en el Senado y los
demócratas respecto al tamaño, el alcance y la necesidad de otro paquete
de ayuda. En general, los republicanos quieren una versión más pequeña y
menos costosa.