El
exministro de la Defensa y de Seguridad de El Salvador, David Munguía
Payés, enfrentó este martes la audiencia inicial de un proceso por
supuestamente beneficiar a las pandillas durante un armisticio pactado
por estas bandas (2012-2014) y quedó a la espera del falló que definirá
su futuro legal.
El general retirado, que llegó esposado y con
escolta policial para presentarse ante una corte antimafia de San
Salvador, enfrenta los delitos de agrupaciones ilícitas, actos
arbitrarios e incumplimiento de deberes.
"La negociación que se
plasmaba dentro de las conversaciones que tenían con los principales
líderes de las pandillas era bajar los índices de homicidios a cambio de
beneficios", dijo a periodistas Julio Batarse, representante de la
Fiscalía General de la República (FGR).
El
representante del Ministerio Público añadió que durante la tregua se
registraron diferentes fiestas en las prisiones con pandilleros y el
ingreso de objetos ilícitos, situación que era conocida por Munguía
Payés y el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), también acusado por
los mismos delitos.
Aseguró
que "toda la información era canalizada" hacia el general retirado,
quien supuestamente colocó personas de su confianza en puestos claves
para "estar realizando los beneficios a favor de las pandillas".
El
Ministerio Público pidió al tribunal que el proceso avance a la
siguiente etapa y que Munguía Payés enfrente la investigación judicial
en prisión preventiva.
Manuel Chacón, abogado defensor del
militar, solicitó que no sea enviado a prisión preventiva por
supuestamente padecer de una enfermedad crónica, por lo que el imputado
fue revisado por expertos del Instituto de Medicinal Legal (IML).
El
letrado apuntó que este caso es una "continuación" del juicio que
enfrentó una veintena de personas, supuestos operadores de la tregua, y
en la que únicamente fueron condenadas siete personas a penas leves.
Añadió
que la acusación de la Fiscalía "parece un poco fuera de contexto",
dado que el ministro de Seguridad no puede estar enterado "de todo lo
que pasa en los centros penales".
Chacón indicó que uno de los
principales testigos, un supuesto pandillero que accedió a declarar a
cambio de beneficios judiciales, únicamente es "referencial" y que no
tuvo ningún contacto con el imputado durante la tregua.
Entre
2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras
minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión que, de acuerdo con
datos del Gobierno, lo que redujo los homicidios sensiblemente.
La
reducción de la violencia por el supuesto acuerdo de las pandillas
llamó la atención de todo mundo, pero detrás estaba, según las
acusaciones de la Fiscalía, un acuerdo con el Gobierno.
Esto
supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos,
inversión pública en las comunidades bajo el control de estas bandas y
una menor presencia de las fuerzas de seguridad en estos sitios.
El
expresidente Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su
Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a
cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su
Ejecutivo fue el de acompañante del proceso.
No obstante, en el
juicio contra los operadores de la tregua Munguía Payés declaró como
testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una
política de gobierno de "pacificación".
Tras el fracaso de la
tregua, las cifras de homicidios se duplicaron en 2014, se dispararon a
103 por cada 100,000 habitantes en 2015 y a 81 en 2016. Estos fueron los
dos años más violentos en la historia reciente del país
centroamericano.
CREDITOS A DIARIO LIBRE.