San Juan.- Los haitianos se enfrentan
cada día a la amenaza de la deportación a su país por las autoridades de
Bahamas después de ser el grupo que más sufrió el paso del huracán
Dorian por el archipiélago atlántico el pasado verano.
Las autoridades de Bahamas informaron este miércoles de la detención
de 39 ciudadanos haitianos en el sur del archipiélago atlántico, 26
hombres y 13 mujeres hallados en la isla de Gran Inagua, una nueva
interceptación que pone de relieve el drama de este colectivo, que desde
hace años se ha convertido en la principal colonia extranjera.
Otro
grupo de 58 inmigrantes haitianos indocumentados fueron detenidos en un
cayo cercano a Isla Grande en noviembre, parte de una oleada
inmigratorio que trata de dejar la pobreza en su país de origen a pesar
de que las autoridades de Nassau están determinadas a poner fin a una
inmigración irregular que cada vez lo tiene más difícil en Bahamas.
Los haitianos piensan todavía en Bahamas como la tierra prometida,
muchos sin saber que las autoridades de Nassau anunciaron su compromiso
de deportar a todo ciudadano proveniente se ese país que no disponga de
la autorización correspondiente.
El punto de inflexión para los haitianos en Bahamas fue el paso del
huracán Dorian por el archipiélago atlántico a principios del pasado mes
de septiembre, que provocó daños por valor de 7.000 millones de dólares
y más de 1.000 personas dadas por desaparecidas, buena parte haitianos
que habitaban en áreas de vivienda construidas sin permiso en las Ábaco y
Gran Bahama, en el noroeste del país.
Las autoridades de Nassau aprovecharon que un número significativo de
los afectados en esos dos grupos de islas eran haitianos sin permiso de
residencia para anunciar la demolición de construcciones ilegales y la
expulsión de todo aquel que permanezca en suelo de Bahamas sin
autorización, lo que afecta principalmente personas de la antigua
colonia francesa.
El endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias llevó a
muchos haitianos a terminar en la cárcel por delitos menores
relacionados con la violación de la normativa de inmigración local. El
diplomático haitiano Dorval Darlier intervino para pedir al Gobierno que
no encarcele a los ciudadanos de su país condenados por faltas menores
relativas a la ley de inmigración, además de sugerir que fueran
conducidos a centros de detención previo a ser repatriados.
El asunto cruzó las fronteras de Bahamas para llegar a la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH),
con sede en Ginebra, que pidió a la Administración del primer ministro,
Hubert Minnis, que detenga las deportaciones.
Tras el paso del huracán Dorian, la Administración de Minnis emitió
una prohibición inmediata de levantamiento de nuevas edificaciones
irregulares en Bahamas, donde la mayoría de sus pobladores son
haitianos. Activistas de los derechos humanos denunciaron que el
Gobierno de Nassau no puede usar el huracán Dorian como una excusa para
quitar los derechos de las personas que alguna vez llamaron hogar a esas
construcciones no reguladas.
El Gobierno había dado a los residentes en los barrios de infra
viviendas en la isla de Nueva Providencia hasta el 10 de agosto de 2018
para que las abandonaran antes de su demolición, mientras que los
residentes de los barrios marginales de isla Ábaco tenían como límite
finales de julio pasado.
Detrás de la política de “tolerancia cero” contra los inmigrantes
haitianos en situación irregular en Bahamas hay una determinación no
disimulada del Ejecutivo de Minnis de recortar gastos sociales
destinados a los haitianos en un momento en el que se prevé que las
secuelas de Dorian provoquen una bajada en las reservas de hoteles en la
nueva temporada turística que tiene en la región su pico entre
diciembre y abril.
La previsión de la bajada de divisas por turismo, la principal fuente
de ingresos del país, ha favorecido una política de no tolerancia a los
inmigrantes irregulares visto cada vez más en el país como una carga
para el bolsillo del contribuyente. Los haitianos se han convertido en
los últimos años en parte de la vida de Bahamas al pasar a formar parte
de su fuerza laboral, en especial en trabajos poco cualificados como
limpiadores, jardineros o personal de cocina.
El ministro de Inmigración de Bahamas, Elsworth Johnson, negó que el
Gobierno trate de marginar a los haitianos y aseguró que se trata de
hacer cumplir la ley del país y proteger a la población de actos
criminales. “Hacemos cumplir la ley de acuerdo con los estándares
internacionales”, dijo el funcionario, tras recordar que por un periodo
de tres meses tras el huracán Dorian se interrumpieron las
deportaciones.
La decisión de Nassau no ha sentado bien en Haití, cientos de cuyos
ciudadanos repatriados a la llegada a su país relataron cómo fueron
interceptados en operaciones llevadas a cabo en medio de la noche para
ser detenidos entre 10 y 30 días antes de ser deportados.
Mientras, en algunos gimnasios y otras instalaciones todavía se
hacinan haitianos que perdieron sus hogares tras el huracán. Los últimos
datos disponibles del censo de Bahamas indican que entre una población
total de cerca de 350.000 personas 39.000 son de origen haitiano.