MONTECRISTI.- El Ministerio Público informó que
apelará la resolución de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente de esta jurisdicción que varió la medida de coerción de
prisión preventiva que fue impuesta contra la exfiscal Carmen Lisset
Núñez Peña y cuatro exagentes de la Dirección Nacional de Control de
Drogas (DNCD), acusados de incurrir en irregularidades mientras
realizaban un allanamiento en una barbería del municipio de Villa
Vásquez.
En el caso de la exfiscal Carmen Lisset Núñez Peña el tribunal varió
la prisión preventiva por prisión domiciliaria, en tanto que en el caso
de los exagentes de la DNCD, Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, Juan de
Dios Heredia Martínez, Adan Maurito Rodríguez Pichardo y Juan Antonio
Arias Peguero, dispuso el pago de una garantía económica de RD$40 mil
pesos cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica
ante el despacho de la Procuraduría General de la Corte de Apelación de
Montecristi.
El tribunal adoptó la decisión durante la audiencia para la revisión
obligatoria de la medida cautelar, consistente en prisión preventiva,
que le fue impuesta el pasado mes de agosto a solicitud del Ministerio
Público.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó
que procederá a recurrir en apelación por no estar de acuerdo con la
decisión de variar la medida de coerción, tras señalar que la prisión
preventiva es la medida más idónea en este caso, ya que existe el
peligro de fuga por la gravedad de los hechos y la cantidad de
evidencias periciales, materiales, testimoniales y documentales
obtenidas en su contra durante la investigación.
El órgano investigador indicó que los imputados son acusados de
violar los artículos 38, 42, 44, 169 párrafo I, y 255 de la Constitución
de la República, que tipifican la violación al derecho de la dignidad
humana, respeto a la integridad psíquica y moral, honor personal, así
como de violar los artículos 114, 123, 166, 184, 265 y 266 del Código
Penal Dominicano que tipifican el abuso de autoridad contra los
particulares, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.