El Departamento del Tesoro anunció este jueves sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
y dos empresas bajo su control utilizadas para el “lavado del dinero”.
“Rafael Ortega es el principal gestor de dinero detrás de los ilícitos
mecanismos financieros de la familia.
El Tesoro está sancionando a Rafael y las empresas que posee y usa
para lavar dinero, con el que sostener el régimen de Ortega a expensas
del pueblo nicaragüense”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin,
en un comunicado.
Las
empresas designadas por el Gobierno estadounidenses son Inversiones
Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia, S.A., a las que
acusa de ser utilizadas por Rafael Ortega “para generar beneficios,
lavar dinero y ganar acceso preferente a los mercados para el régimen de
Ortega”.
Asimismo, el Tesoro incluyó en su lista de compañías sancionadas al
Distribuidor Nicaragüense de Petroleo S.A. (DNP), empresa con la que la
familia Ortega “se ha enriquecido personalmente a través de contratos
sin competencia con instituciones gubernamentales de Nicaragua”. Como
consecuencia de la designación del Tesoro, quedan congelados los activos
que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción
estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con
ciudadanos estadounidenses.
Previamente, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump,
había impuesto sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua,
una entidad financiera vinculada a los sandinistas; a Rosario Murillo,
esposa de Ortega y vicepresidenta del país, y a otro de sus hijos,
Laureano Ortega Murillo.
Asimismo, tomó medidas similares contra tres altos cargos del
Gobierno de Nicaragua por su implicación en “abusos de derechos humanos,
fraude electoral y corrupción”- Ramón Avellán Medal, subdirector
general de la Policía de Nicaragua; Lumberto Campbell Hooker, presidente
del Consejo Electoral Supremo, y Roberto López Gómez, director del
Instituto de Seguridad Social (INSS).
Estados Unidos ubicó a finales de 2018 a Nicaragua, junto a Cuba y
Venezuela, dentro de “la troika de la tiranía” en Latinoamérica.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde
abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas
mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un
intento de golpe de Estado.