NACIONAL
Un estudio de la organización internacional Oxfam identificó en el
Presupuesto General del Estado casos concretos de malgasto de recursos
públicos y estimó el costo anual de la corrupción y el uso partidario de
la nómina cuyas partidas podrían reasignarse para invertirlas en
educación, vivienda o salud, sectores en los que durante años la
inversión pública ha sido insuficiente.
El estudio, que lleva por
título “Se buscan: recursos para garantizar derechos”, calculó que para
el año 2017 el volu¬men de recursos malgastados sobrepasa los RD$90,000
millones, lo cual equivale a cerca del 13 por ciento del gasto total
del Gobierno Central. Estos recursos serían suficientes para financiar
políticas públicas urgentes de cara a la garantía de derechos a toda la
población por igual.
Para determinar estas cifras se estudiaron
cinco áreas en las que se estimó que el gobierno malgasta el 2.5% del
PIB al año, siendo el uso político de la nómina pública (o “botellas”),
la que concentra el 53 por ciento del volumen total del malgasto. Las
otras áreas identificadas van desde corrupción, entidades que duplican
funciones, consejos y comisiones que no muestran actividad, uso
clientelar de instituciones y gasto desmedido en publicidad y
propaganda.
De acuerdo al informe, por concepto de las
denominadas “botellas” existe un espacio fiscal ascendente a unos
RD$39,000 millones en el año 2017, equivalente al 1.1 por ciento del
PIB. “Si el estado desarrollara una auditoría para eliminar las botellas
entendemos que podrían liberarse más recursos de los que reclama Casa
YA para financiar una política de vivienda”, declararon.
La
corrupción tiene un costo anual estimado en unos RD$ 26,000 millones o
el 0.7 por ciento del PIB en 2017. Este volumen de recursos es 3.5 veces
superior al presupuesto dedicado en este año a educación inicial y más
dos veces superior a lo asignado a abastecimiento de agua potable.
Por
concepto de entidades que sobran, el informe identifica indicios de
duplicidades de funciones en, al menos, 77 instituciones públicas: 34
dependencias sectoriales y 43 consejos/comisiones. En principio se trata
de un estudio explorato¬rio y amerita que cada caso sea estudiado a
profundidad pero que abre la posibilidad de un ahorro potencial de casi
RD$13,000 millones equivalente al 0.4% del PIB lo cual es casi 11 veces
superior a lo asig¬nado a vivienda social en el mismo año, así como 9
veces superior a lo previsto para servicios hospitalarios. Representa,
además, más recursos que lo contempla¬do para todo el Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
En cuanto a los gastos
con alto potencial de ser dispuestos para uso clientelar, como la
publicidad, los viáticos o los fondos para uso discrecional del
Presidente, se proponen medidas que tendrían un ahorro potencial de más
de RD$5,000 millones o el 0.1 por ciento del PIB.
“Si este
malgasto se reorientara hacia políticas pú¬blicas que garanticen
derechos, el déficit que actualmente enfrenta el presupuesto público
para cumplir con los objetivos que se planteó la Estrategia Nacional de
Desa-rrollo fuera significativamente inferior”, sostiene el estudio.
De
eliminarse el malgasto, se podría financiar con los recursos del
presupuesto nacional el 45 por ciento de lo necesario para educación,
salud, vivienda y seguridad social en el año 2020, plantea la
organización.
Esta investigación forma parte de la campaña
«Cambiemos las Prio¬ridades», que se ejecuta conjuntamente con Casa Ya,
iniciativa de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, que
demanda al Estado invierta el uno por ciento del PIB a la sectorial de
vivienda durante 10 años de forma sostenida para eliminar la situación
de carencias habitacionales que actualmente afecta al 71 por ciento de
la población dominicana y, de manera especial, a las más de 8,000
perso¬nas damnificadas por fenómenos naturales, quienes se encuentran en
albergues «temporales» en algunos casos desde hace más de 30 años.
La
presentación del informe estuvo a cargo de Rosa Cañete y Rafael Jovine,
autores del mismo y los comentarios fueron realizados por Pável Isa
Conteras, economista; la diputada Faride Raful, y Carlos Pimentel,
abogado y especialista en transparencia y la gobernanza.
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