INTERNACIONAL
Doce personas fueron detenidas el miércoles en cateos de la policía
española en oficinas del gobierno regional de Cataluña, al intensificar
el gobierno español su ofensiva contra los preparativos de la región
para celebrar un referendo de independencia, que Madrid considera
inconstitucional.
Es la primera vez que las autoridades españolas
detienen a funcionarios catalanes desde que la campaña en favor de la
consulta de secesión empezó a ganar fuerza en 2011.
Conocida la
noticia, cientos de catalanes furiosos se concentraron para protestar
frente a las oficinas del gobierno en Barcelona.
Algunos
manifestantes se sentaron en la calle para cerrar el paso a los
vehículos policiales, mientras otros chocaban directamente con los
agentes.
El presidente regional Carles Puigdemont calificó las
operaciones policiales de “ilegales” y fustigó la “actitud totalitaria”
del gobierno nacional.
Los allanamientos se centraron en los
departamentos de economía y exteriores de la Generalitat, según la
agencia de noticias Europa Press y otros medios, dentro de los esfuerzos
del gobierno de detener todos los preparativos para la votación,
convocada para el 1 de octubre.
La Generalitat confirmó que Josep María Jove, secretario general de asuntos económicos, estaba entre los detenidos.
Autoridades
judiciales y policía declinaron dar detalles sobre la operación,
indicando que un juez había decretado el secreto de sumario.
El
presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que sigue resuelto a impedir
que se lleve a cabo la votación. Dijo que ésta es contraria a la
constitución y que “el estado tiene que reaccionar”.
“No hay
ningún estado democrático en el mundo que acepte lo que están
planteando”, dijo Rajoy, una posición compartida por la mayoría de los
partidos de oposición.
En un comunicado, el Ministerio del
Interior dijo que la Guardia Civil trabajaba para recabar pruebas dentro
de las pesquisas sobre los preparativos del referendo.
El
gobierno del conservador Mariano Rajoy ha emprendido varias batallas
legales para impedir el referendo del 1 de octubre, convocado por la
coalición independentista que gobierna Cataluña, en el nordeste de
España.
Respaldado por la mayoría de los partidos de oposición,
el gobierno afirma que el referéndum incumple la constitución y que si
Cataluña quiere votar, primero debe trabajar para cambiar la Carta
Magna.
El Tribunal Constitucional ha ordenado que se suspenda la
votación mientras estudia su legalidad, pero las autoridades catalanas
afirmaron que seguirán adelante de todos modos.
Cataluña supone una quinta parte de la economía española, de un billón de euros.
Sus
7,5 millones de habitantes apoyan de forma abrumadora la celebración de
un referendo, aunque están divididos casi a partes iguales en la
cuestión de la independencia.
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