El Ministerio Público de Venezuela ha solicitado a Interpol emitir una «alerta roja» contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por «robo agravado» y otros seis delitos relacionados con un avión venezolano-iraní que fue retenido en Buenos Aires y enviado a Estados Unidos en febrero. Así lo informó este martes el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.
La solicitud también incluye a la secretaria general de Argentina, Karina Milei, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusadas de los mismos delitos.
Entre los cargos figuran «legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación para delinquir».
El fiscal explicó que ya se ha remitido la solicitud a Interpol y está a la espera de cómo actuará el organismo internacional. Argumentando que estos hechos constituyen delitos comunes y transnacionales que violan convenciones internacionales contra la delincuencia organizada.
Por otro lado, Saab calificó de «burda» y «estúpida» la orden de captura emitida el lunes por un tribunal argentino contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad. Según Saab, esta acción es una «venganza» en respuesta a la orden de detención preventiva emitida por Venezuela contra Milei y las funcionarias argentinas.
Además, afirmó que esta orden de captura contra Maduro es una «retaliación» del Gobierno de Milei por la detención del avión. Describiéndola como una reacción «desenfrenada y desequilibrada». Asimismo, Saab sugirió que esta decisión es parte de los «ataques orquestados» por Estados Unidos y otras potencias extranjeras contra la soberanía venezolana.
Tribunal de Argentina solicito orden de captura de Diosdado Cabello,
El tribunal argentino también ha ordenado la captura de Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, y otros miembros del gobierno chavista.
La Cámara Federal de Buenos Aires tomó esta decisión en el marco de una causa iniciada en 2023, tras una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), que invoca el principio de jurisdicción universal. El cual permite juzgar graves delitos contra los derechos humanos sin importar su lugar de comisión.
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