El Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores
de la Prensa ven peligro a la libertad de expresión en el comunicado
emitido por la Procuraduría General de la República en la que advierte
que tomarás medidas cautelares contra quienes intenten obstruir procesos
legales que lleven contra imputados.
Ambas instituciones
consideran extraño que el Ministerio Público, como órgano acusador del
Estado y que conoce muy bien las normativas jurídicas con la que se
pudieran sancionar todo tipo de delitos, tenga que emitir un comunicado
público que se ve como atentatorio contra la libertad de expresión y
difusión del pensamiento y contra el ejercicio del periodismo en el
país.
Los gremios de la comunicación se desligan de todas las
contradicciones con personas e instituciones de la sociedad, pero sí
reafirmamos la decisión de defender la libertad de prensa, como derecho
fundamental, provenga de cualquier poder o sector de la sociedad.
Manifestaron
no recordar el momento ni la época en la que los periodistas hayan
obstaculizado o impedido un proceso cuando la hegemonía y control de los
procesos siempre y por ley la tienen el Ministerio Público y el Sistema
de Justicia.
Aurelio Henríquez, presidente del CDP, llamó a los
periodistas que cubren el sector justicia a mantenerse alertas ante
cualquier atentado a la libertad de informar cuanto ocurre en el
seguimiento de los casos judicializados, no solo a quienes supuestamente
hayan cometidos corrupción, sino a todos los procesos que se lleven en
la justicia dominicana.
Reiteró que el periodista es profesional
llamado a informar a la sociedad y de acuerdo a la constitución tenemos
derecho a un ejercicio libre y jamás ser censurado por ningún poder del
Estado llámese Justicia, Legislativo y Ejecutivo.
Difamación o crimen de tecnología
Mientras
que José Beato, secretario general del SNTP, que además de ser
periodista es abogado, dijo estar sorprendido con el comunicado, debido a
que las medidas cautelares se toman con base en la violación de una
norma que el MP conoce muy bien.
Le resulta extraño que se señale
la parte relativa a la Ley 53-07, de crímenes y delitos de alta
tecnología en dicho pronunciamiento, porque esta es de orden público y
la difamación e injuria entra en el campo privado de las partes.
“El
Ministerio Público conoce muy bien qué son las difamaciones e injurias,
cuales artículos la tipifican y cuales leyes la tocan, así como cuales
producen medidas cautelares”, expresó.
Preocupa que digan que se contratan opinadores
Afirman valorar en su justa dimensión el criterio de independencia y transparencia del Ministerio Público y sus actuaciones, que jamás deberán tener influencias externas, porque su rol es defender los mejores intereses nacionales, pero les sorprende como se pretende lacerar el derecho a la información propio del Estado Democrático, Social y de Derecho, pero ven con preocupación queel referido comunicado diga que no “contrata a opinadores para que mientan a su favor”.
CREDITOS A EL CARIBE
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