SANTIAGO.- El Ministerio Público logró
probar la gravedad de las imputaciones contra los 25 imputados por
estafas transnacionales y múltiples delitos cibernéticos, procesados
bajo la Operación Doscovery 2.0 y obtuvo medidas de coerción como lo
había solicitado al juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente de Santiago, que sostuvo que halló méritos suficientes para,
además, declarar el proceso de tramitación compleja.
Atendiendo
a esta solicitud y debido a la fortaleza de la investigación, el juez
José Rafael D’ Asís ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva
durante 12 meses contra Juan Rafael Parra Arias, Ramón
Esterling Polanco Leclerc (CCR-Rafey); Juan Armando Vásquez Ramírez,
Freddy William Urtarte (CCR-Vista al Valle), Leslie Agnes Succart
González (CCR-Rafey Mujeres), Deuris Antonio Franco de la Cruz, Miguel
Ángel Camilo Pérez (CCR-El Pinito); Hayler Andrés Olivarez Núñez, y
Erick Ángel Peña Núñez (CCR-La Isleta).
En tanto que contra Arlin Josefina Rosa Rosario, se impuso el arresto domiciliario
(basado en una solicitud del Ministerio Público, por una condición de
salud certificada), además, el pago de una garantía económica,
prohibición a salir del país y presentación periódica el último viernes
de cada mes.
El juzgador también impuso el pago de sendas garantías económicas, prohibición a salir del país y presentación periódica
en contra de los procesados: Mélquido Rojas Arias, Glorisel Martínez
Peralta, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Wilson Miguel Rodríguez Suero,
Lorena Francheska Antigua Pérez, Mérido Antonio Guzmán Castro, Jonathan
Ignacio Castro Güichardo, Luis Manuel Martínez, Amaury Joel Mesón,
Waskar Canot Guzmán y/o Alexander Guzmán García, Jonathan Jesús
Rodríguez Bonilla y Miguel Ángel Vásquez (Disla).
Las citadas medidas también incluyen a Yenny Carolina Corniel Henríquez y Juana Yadirys Ventura Mesón.
El
tribunal, que ha otorgado al Ministerio Público un tiempo de ocho meses
para presentar acto conclusivo y al ponderar en toda su extensión la
medida, declaró el proceso de tramitación compleja.
El fiscal
del Ministerio Público, Warlyn Alberto Tavárez, resaltó el blindaje que
recubre la investigación, probando, las imputaciones que, de manera
provisional, ha indilgado a cada uno de los procesados. Dijo también que
prueba de la fortaleza de la investigación es la admisión de cargos que
han hecho varios de los imputados.
El representante de la
Fiscalía subrayó también que estos imputados utilizaban todo tipo de
maniobras engañosas para despojar de los recursos económicos a las
víctimas.
La estructura criminal que cometió numerosos delitos
electrónicos, incluyendo la estafa, intimidación y usurpación de
identidad fue desarticulada tras más de un año de investigación,
análisis de evidencias, vigilancia e inteligencia, en medio de una
operación del Ministerio Público que integró, además, a la Policía de
Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)
de los Estados Unidos.
Los agravios
Además
de la afectación económica sufrida por las cientos de personas
envejecientes estafadas en los Estados Unidos, defraudadas con millones
de dólares fruto de las estafas, los delitos cometidos por los
integrantes de esta estructura constituyen un agravio a la imagen de
República Dominicana, lo que a su vez lacera el turismo, una de las
actividades principales en las que se sustenta la economía nacional;
afecta las relaciones de la nación con otros países, y supone un punto
de quiebre para el futuro y la estabilidad de las familias que se les
despoja de sus recursos.
El órgano persecutor establece que uno
de los imputados, Claudio Santana o Claudio Mercedes, arrestado en el
proceso, fue deportado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por
varios delitos cometidos en perjuicio de la legislación de esa nación.
La Fiscalía desarrolló
esta investigación en contra de estos ciberdelincuentes que eran
propietarios y operadores de cuatro centros de llamadas o “call centers”
clandestinos, que fueron allanados, secuestrando evidencias
contundentes de los delitos imputados.
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